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Somos muchos los que desde hace años venimos denunciando la ilegalidad del procedimiento sumario de "jura de cuentas" para ciertos profesionales, abogados y procuradores, al igual que los honorarios oficiales de ciertos colegios que a pesar de infinidad de condenas siguen poniéndose en las facturas y en los contratos. Una vez más el TJUE, vuelve a dejar las cosas claras, pero nuestro país en vez de buscar justicia y en vez de tratar de forma igualitaria a todas las profesiones, siente el amparo discriminatorio para aquellas que quieren marcar el paso para injusticias y actos totalmente legales al amparo de un grupo como el que representa el Consejo General del Poder Judicial, y de este modo controlar a la sociedad para guardar la casa de la corrupción en general. Hacen leyes totalmente ilegales y contrarias al mínimo derecho universal y de la UE. Los justiciables y los consumidores, quieren transparencia, derecho a acceder a la justicia sin tutelas de nadie, la autodefensa. Necesitan saber qué hacen aquellos profesionales a los que pagamos, no se pide nada que la administración no hace ya, ejp. hacienda, Seguridad Social, etc. Quieren que LEXNET, sea de acceso para el cliente consumidor y así evaluar el trabajo del profesional contratado y al que le paga. Europa no debe permitir ni consentir más tropelías, de lo contrario Europa dejará de existir, ya son cada día menos los que creen en un continente unido y fuerte.
Para el TJUE el
procedimiento sumario del pago de honorarios de letrado es contrario al derecho
de la UE
El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en su sentencia de 22/09/2022, asunto C-335/21, resuelve una
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 10 bis de
Sevilla teniendo por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, y de
la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus
relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
El contexto en el que se presenta
el de un contrato celebrado entre un abogado y su cliente que prohíbe a este
desistir del procedimiento sin conocimiento o contra el consejo de aquel y que
estipula una penalidad económica para el caso de incumplimiento de esta
prohibición.
A la conclusión que
llega el TJUE es que:
«1) La Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, a la
luz del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa nacional relativa a un procedimiento sumario de pago de
honorarios de abogado en virtud de la cual la demanda presentada contra el
cliente consumidor es objeto de una resolución dictada por una autoridad no
jurisdiccional y solamente se prevé la intervención de un órgano jurisdiccional
en la fase del eventual recurso contra dicha resolución, sin que el órgano
jurisdiccional ante el que este se interpone pueda controlar —de oficio si es
necesario— si las cláusulas contenidas en el contrato del que traen causa los
honorarios reclamados tienen carácter abusivo y sin admitir que las partes
aporten pruebas distintas de las documentales ya presentadas ante la autoridad
no jurisdiccional.
2) El artículo 4, apartado 2, de
la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, debe
interpretarse en el sentido de que no está incluida en la excepción que se
contempla en esta disposición una cláusula de un contrato celebrado entre un
abogado y su cliente a tenor de la cual el cliente se compromete a seguir las
instrucciones del abogado, a no actuar sin conocimiento o contra el consejo de
este y a no desistir por sí mismo del procedimiento judicial que le ha encomendado,
y que estipula una penalidad económica para el caso de incumplimiento de estos
compromisos.
3) La Directiva 2005/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las
prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que la incorporación, a un contrato
celebrado entre un abogado y su cliente, de una cláusula que estipula la
imposición a este de una penalidad económica para el caso de que desista por sí
mismo del procedimiento judicial que ha encomendado a aquel, cláusula que se
remite al baremo de un colegio profesional y que no fue mencionada en la oferta
comercial ni en la información previa a la celebración del contrato, debe
calificarse de práctica comercial «engañosa», en el sentido del artículo 7 de
esta Directiva, siempre que haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una
decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, extremo que
corresponde comprobar al juez nacional».
¿Cuáles fueron los
hechos?
Los hechos traen causa de una
hoja de encargo entre abogado y cliente que tenía por objeto, en particular, el
estudio, la reclamación extrajudicial y la interposición, en su caso, de
reclamación judicial y redacción e interposición de demanda de nulidad de
cláusulas abusivas incorporadas a un contrato de préstamo que había suscrito la
clienta con una entidad bancaria.
La hoja de encargo contenía una
cláusula redactada en los siguientes términos: «con la firma de la hoja de
encargo el cliente se compromete a seguir las instrucciones del despacho y si
se desiste por cualquier causa antes de la finalización del procedimiento
judicial o alcanza acuerdo con la entidad bancaria, sin conocimiento o contra
el consejo del despacho, habrá de abonar la suma que resulte de aplicar el
Baremo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla para tasación de Costas
respecto de la demanda presentada declarativa de nulidad y acumulada de
cantidad».
La clienta afirmó que contactó
con el despacho de abogados a través de un anuncia publicado en una red social
en el que no se hacía mención a la cláusula de desistimiento y que únicamente fue informada del precio de
los servicios jurídicos.
Antes de que se presentara la
demanda de nulidad, el abogado presentó una reclamación extrajudicial ante la
entidad bancaria por la cual esta realizó una oferta a la clienta que fue
aceptada, sin embargo no hubo constancia de la fecha exacta en la que comunicó
a su abogado la recepción de la respuesta del banco ni si este le aconsejó en
ese momento que no aceptara la oferta.
Posteriormente, el abogado
presentó la demanda de nulidad de cláusula suelo y días después, mediante
burofax, manifestó a su clienta su disconformidad con la oferta de la entidad
bancaria. Meses después la procuradora comunicó al órgano jurisdiccional el
desistimiento por satisfacción extraprocesal, indicando que el desistimiento
obedecía a que, en contra del criterio del abogado y con la demanda ya
presentada, su clienta había aceptado esa transacción.
Tras ello, el abogado presentó
una reclamación de honorarios contra su clienta, reclamación que fue impugnada
por esta por indebidos, alegando que, en efecto, no había sido informada de la
existencia de la cláusula de desistimiento, por lo que únicamente estaba
obligada a abonar, en concepto de honorarios, el 10 % de la cantidad recibida
del banco, que ya había ingresado al letrado. Además, la clienta invocó
asimismo en ese momento el carácter abusivo de la cláusula de desistimiento.
Tras ser desestimada la
impugnación realizada por la clienta y no recibir respuesta sobre el carácter
abusivo de la cláusula de desistimiento, la clienta interpone un recurso de
revisión contra el decreto dictado por el LAJ, que fue a su vez impugnado por
el letrado.
Llegado el recurso ante el órgano
jurisdiccional, este se plantea una serie de dudas acerca de si las normas
procesales nacionales que regulan el procedimiento de jura de cuentas se
ajusten a las exigencias derivadas de la Directiva 93/13, del principio de
efectividad y del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el
artículo 47 de la Carta.
Por ello, plantea una serie de
cuestiones prejudiciales al TJUE, que se responden en la sentencia que damos a
conocer.
«1) ¿Es conforme a la Directiva
93/13 y al principio de efectividad de la misma, en relación con el derecho a
la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta, un procedimiento sumario
de reclamación de honorarios por parte de un abogado, que no permite que el
juez pueda examinar de oficio la eventual abusividad de las cláusulas
contenidas en el contrato suscrito con un consumidor, dado que no contempla su
intervención en ningún momento de su tramitación, salvo en el caso de que el
cliente impugne dicha reclamación y posteriormente alguna de las partes
interponga recurso contra la resolución final del Letrado de la Administración
de Justicia?
2) ¿Es conforme a la Directiva
93/13 y al principio de efectividad de la misma, en relación con el derecho a
la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta, que el eventual
control de abusividad por parte del juez, de oficio o a instancia de parte, en
este tipo de procedimiento, de naturaleza sumaria, se realice en el marco de un
recurso potestativo de revisión contra la resolución dictada por un órgano no
jurisdiccional como el Letrado de la Administración de Justicia, que en
principio debe circunscribirse exclusivamente a lo que ha sido objeto de la
resolución y que no admite la práctica de prueba distinta que la documental ya
aportada por las partes?
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¿Una cláusula contenida en un contrato entre un abogado y un consumidor,
como la controvertida, que prevé el abono de unos honorarios para el supuesto
específico de que el cliente desista del procedimiento judicial antes de su
finalización o alcance acuerdo con la entidad, sin conocimiento o contra el
consejo del despacho de abogados, debe estimarse incluida en las previsiones
del artículo 4.2 de la Directiva 93/13, por tratarse de una cláusula principal
referida al objeto del contrato, en este caso, al precio?
4) En caso de que la respuesta a
la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿puede dicha cláusula, que fija los
honorarios mediante una remisión a un baremo de un Colegio de Abogados, el cual
establece distintas reglas a aplicar según cada supuesto concreto, y de la que
ninguna mención se realizaba en la información previa, ser considerada clara y
comprensible de conformidad con el citado artículo 4.2 de la Directiva 93/13?
5) En caso de que la respuesta anterior fuera negativa, ¿puede ser
considerada una práctica comercial desleal en los términos de la Directiva
2005/29 la incorporación a un contrato suscrito entre un abogado y un consumidor
de una cláusula como la controvertida, que fija los honorarios del abogado
mediante la mera remisión a un baremo de un Colegio de Abogados, el cual
establece distintas reglas a aplicar según cada supuesto concreto, y de la que
ninguna mención se realizaba en la oferta comercial y en la información
previa?».
La decisión del TJUE
Como exponíamos en párrafos
anteriores, el TJUE concluye que la Directiva 93/13 se opone a una normativa nacional
relativa a un procedimiento sumario de pago de honorarios, en virtud de la cual
la demanda presentada contra el cliente consumidor es objeto de una resolución
dictada por una autoridad no jurisdiccional y solamente se prevé la
intervención de un órgano jurisdiccional en la fase del eventual recurso contra
dicha resolución, sin que el órgano jurisdiccional ante el que este se
interpone pueda controlar —de oficio si es necesario— si las cláusulas
contenidas en el contrato del que traen causa los honorarios reclamados tienen
carácter abusivo y sin admitir que las partes aporten pruebas distintas de las
documentales ya presentadas ante la autoridad no jurisdiccional.
Para el Alto Tribunal la
incorporación a un contrato celebrado entre el abogado y su cliente de una
cláusula como la cláusula de desistimiento, sin que esta se mencionara en la
oferta comercial o en la información previa a la celebración del contrato, constituye
a priori una omisión de comunicar información sustancial o una ocultación de
información sustancial que puede influir en la decisión tomada por el
consumidor de entablar esa relación contractual. «En efecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se
desprende que dicha cláusula remite, para el cálculo de la penalidad
contractual que estipula, al baremo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla,
cuyo contenido es difícilmente accesible y comprensible, y que, en caso de
aplicación de dicha cláusula, el consumidor estaría obligado a abonar una
penalidad contractual que puede alcanzar un importe significativo, e incluso
desproporcionado en relación con el precio de los servicios prestados en virtud
de ese contrato. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente
comprobarlo».
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