martes, 24 de septiembre de 2019



La atención específica al daño cerebral adquirido infantil (DCAI)

El Defensor del Pueblo reclama una mayor atención al daño cerebral adquirido en la infancia y la adolescencia

  • La Institución recomienda la elaboración de una estrategia nacional sociosanitaria para el daño cerebral adquirido, que incluya una sección dedicada específicamente al daño cerebral adquirido infantil
  • Muchas deficiencias detectadas en el informe publicado en 2006 siguen existiendo
  • El Defensor recomienda establecer un código de identificación y registro para el DCA para el conjunto del Sistema Nacional de Salud
  • Pide a las distintas administraciones autonómicas que creen unidades hospitalarias especializadas en la neurorrehabilitación del daño cerebral con reserva de camas destinadas a la atención pediátrica

Madrid. 19/09/2019. El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en las Cortes Generales un informe monográfico sobre la atención al daño cerebral adquirido infantil en España.
            Fernández Marugán considera que es imprescindible establecer una estrategia nacional sociosanitaria de atención al daño cerebral adquirido (DCA) que incluya una sección dedicada específicamente al daño cerebral en la infancia y en la adolescencia.       En 2006 la Institución ya publicó el informe Daño cerebral sobrevenido: un acercamiento epidemiológico y sociosanitario en el que se formulaban una serie de recomendaciones a las distintas administraciones públicas que, lamentablemente, en la mayoría de los casos no se han desarrollado.
            En el nuevo estudio, el Defensor se ha centrado en las carencias existentes en la atención a menores con DCA, ya que aunque el daño cerebral adquirido afecta más habitualmente a los adultos, los expertos coinciden en que hay que visibilizar la situación de estos niños y niñas para conseguir una respuesta adecuada desde los distintos ámbitos. 
            Además, desde la elaboración del anterior informe, la Institución ha detectado que, efectivamente, se han incrementado los recursos para afrontar la realidad del DCA en adultos, prueba de ello son las acciones impulsadas en el marco de la Estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud y la implantación del código ictus. Sin embargo, la atención específica al daño infantil ha sido desatendida. Por este motivo, el acceso efectivo de los niños y niñas con daño cerebral adquirido a los mejores recursos especializados es la cuestión principal que aborda este estudio.
            En la actualidad, no existen datos epidemiológicos sólidos sobre los casos de daño cerebral adquirido, adulto o infantil, por lo que, para Fernández Marugán es imprescindible establecer para el conjunto del Sistema Nacional de Salud un código de identificación y registro para el DCA que sea conocido y compartido por todas las administraciones implicadas (sanitarias, sociales y educativas).
Por otra parte, la Institución ha constatado que en España existe un número muy reducido de camas y de plazas de atención hospitalaria destinadas a la neurorrehabilitación especializada en la atención al DCA de adultos y, en el caso de los menores, esa disponibilidad es casi inexistente. El Defensor recuerda que “esta situación constituye un incumplimiento de los deberes impuestos por la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”.
Por este motivo, ha recomendado a las distintas administraciones autonómicas que, si no disponen de unidades hospitalarias especializadas en la neurorrehabilitación del daño cerebral, procedan a su creación, contando con un número suficiente de camas y plazas destinadas específicamente a la atención pediátrica.
 Además, a día de hoy, muchos afectados se ven obligados a acudir a centros especializados privados, cuando existen, para recibir el tratamiento multidisciplinar que requieren, asumiendo un gran coste económico. En este sentido, el Defensor considera que mientras no se produzcan las mejoras estructurales pendientes, las administraciones deben responsabilizarse de estas situaciones implantando procedimientos ágiles de reembolso.

Coordinación con la administración educativa
La Institución también ha detectado que no existen mecanismos adecuados de coordinación y cooperación entre los ámbitos de atención sanitaria y social y la administración educativa, en relación con las necesidades de los menores afectados por el DCA. Para atender a estos niñas y niños es necesario un espacio sociosanitario estructurado y suficientemente dotado en el que también se integre el ámbito educativo.
Para el Defensor, las administraciones autonómicas han de contar con un órgano especializado en la aprobación de itinerarios de atención individualizada que contemplen globalmente los aspectos referidos al seguimiento clínico del menor afectado, sus necesidades sociales y la inclusión educativa. Estos órganos, tras una evaluación individualizada de los casos de DCAI deberían determinar el plan o programa de intervención, asignando un profesional de referencia con funciones de coordinación a cada paciente. Esta práctica ya se desarrolla en algunas comunidades autónomas por lo que el Defensor pide que se extienda a las que todavía no lo hacen.
Para Fernández Marugán, “las familias deberían contar, desde el primer momento posible, con ese programa individualizado de intervención acordado para el paciente; un programa de atención, previo incluso al alta del tratamiento intensivo de rehabilitación, con el itinerario de atención y con efectos vinculados a los expedientes de reconocimiento de la discapacidad o de acceso a los servicios sociales y las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Cómo manejar el lenguaje persuasivo para liderar.


Consejos prácticos para convencer a los demás en negociaciones o en una reunión.

Aristóteles ya estableció en su tratado Retórica cuáles deben ser las bases necesarias para desarrollar una comunicación exitosa. "La persuasión es el arte de conseguir que la gente haga algo que normalmente no haría si no se lo pidieras". Así describía una habilidad basada en tres características en las que debía apoyarse el discurso de cualquier orador: ethos, pathos y logos, o lo que es lo mismo, el carácter que percibe el público, las emociones que acompañan a nuestra oratoria y las palabras que se usan.

"No deja de maravillarme que estas bases, establecidas hace más de 2.300 años sigan más vigentes que nunca", afirma Javier Luxor, autor de El pequeño libro de la influencia y la persuasión (Editorial Alienta) y experto en utilizar las palabras con inteligencia persuasiva. Pero lo primero es definir qué es la persuasión, un término usado con una connotación peyorativa en muchas ocasiones y que, según la RAE, es "la acción de inducir, mover y obligar a alguien con razones a creer o hacer algo". A menudo se confunde erróneamente con influir ("ejercer predominio o fuerza moral") o con manipular, que conlleva una falta de ética por conducir a una persona a algo que realmente no desea.

Para que un directivo puede aplicar el lenguaje persuasivo, lo primero que debe comprender es que "continuamente y de forma inconsciente, realizamos interpretaciones de la realidad. Es como si los datos pasaran por un prisma o lente que modifica, altera e influencia la información que recibimos del exterior; saber cómo funcionan estas lentes permite emplear tácticas psicológicas que faciliten diseñar una realidad para los demás", asegura el autor.

No se trata de manipular, sino de manejar las emociones propias y ajenas y las palabras que salen de nuestra boca para lograr objetivos, en definitiva, para liderar.
El libro recoge diferentes mecanismos que, empleados en contextos diversos, sirven para ganarse a un interlocutor. Uno de ellos es el principio de familiaridad. ¿No hay canciones que necesita oír varias veces para que empiecen a gustarle? Como explica esta obra, pasa igual con sabores, aromas o incluso personas y es que este principio funciona sintiendo más agrado por aquello a lo que hemos sido expuestos. Ya que las personas tendemos a desarrollar una preferencia por aquello que nos resulta familiar, un directivo puede practicarlo planificando reuniones donde se sigan los mismos patrones y estructuras, de tal modo que se genere seguridad en los asistentes y se predisponga una actitud positiva.

Muy en línea con esta teoría está la de los halagos. Hay estudios que avalan que los candidatos atractivos reciben más votos en política y oportunidades laborales en los negocios, pero este influjo en los demás va más allá del puro atractivo físico. Luxor recuerda que es muy raro que alguien a quien sabes que le caes bien, no te caiga bien a ti. "Es por ello que nos atraen no sólo aquellos que nos tratan bien, sino también que hablan bien de nosotros. Y es que los halagos estimulan nuestra simpatía por quien los dice". Pero ojo, sin caer en falacias ni exageraciones, porque nuestro poder de persuasión caerá en picado.

¿Dónde está el límite entre la persuasión y la manipulación? El autor responde: "Pregúntate si el uso que vas a darle a la técnica es honesto, si su aplicación es natural en el contexto en el que te encuentras y si se genera una situación en la que yo gano y la otra persona también. Si las tres respuestas son afirmativas, entonces pueden aplicarse sin miedo a convertirnos en manipuladores".

El decálogo del líder influyente

1. Para inspirar en una presentación, hay que empezar con una historia, una anécdota o un vídeo.
2. En cualquier negociación hay que proponer un valor para activar el anclaje. Por ejemplo, que el primer importe ofrecido sea el punto de partida para renegociar.
3. Para poner en valor algo hay que mostrarlo junto a otro del mismo género, compararlos y que se perciban las diferencias.
4. Debe estar preparado para tomar ventaja del momento de poder que aparece después de que nos digan un "no" a una petición.
5. Las personas se ven obligadas a devolver lo que antes se les ha dado a ellas. Una razón más para hacer algo por sus contactos.
6. Prepare las reuniones siguiendo siempre las mismas estructuras y facilitando un entorno seguro para predisponer una actitud positiva.
7. Siempre que pueda, añada un toque emocional a sus discursos o presentaciones.
8. Interpelar es la regla número 1 de la persuasión. Utilice el nombre del otro al conversar con él.
9. Planifique su conversación e intente incluir en ella cuestiones abiertas para transmitir un interés real.
10. Consiga que su equipo se sienta parte de un grupo exclusivo. Esa sensación de pertenencia le permitirá negociar mejor con ellos.

POR N. SerranoMadrid
http://www.expansion.com/directivos/2017/12/26/5a42a5d4e2704ec4758b459f.html

lunes, 9 de septiembre de 2019

Qué es la interocepción
La interocepción nos permite sentir nuestros órganos internos y nos aporta información sobre el estado interno de nuestro cuerpo, es decir, nos informa de si tenemos dolor, de nuestra temperatura corporal, picor, arousal sexual, hambre, sed, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sensación de sueño.

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Qué es la propiocepción
La propiocepción, sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas.

martes, 3 de septiembre de 2019


ALEGATO POR LOS DERECHOS CIVILES EN ESPAÑA

Ya hemos comentado aquí en números anteriores el déficit democrático que supone para un país que sus cuerpos de seguridad no respeten los derechos civiles de la ciudadanía. No disponemos dedatos exactos de otros países pero sí podemos decir que en los de más asentada democracia, ningún ciudadano sale a la calle expuesto a que un policía, por capricho o por orden del mando de identificar aleatoriamente a determinado número de personas, se exponga a tal vulneración de su derecho. En eso España es única y por ello, su nivel de calidad democrática, ínfimo. Ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Reino Unido... el derecho a la libre deambulación por la vía pública, derecho fundamental de ciudadanía, está sujeto al capricho de un mal profesional de la Policía o a las órdenes de unos malos mandos, incapaces de entender la importancia en democracia del cometido que deben desempeñar. Y no digamos de los políticos, del PP y PSOE, que permiten y fomentan estas prácticas policiales ilegales desde 1992, primero con la ley “Corcuera”, y después con la ley “Mordaza”.

lunes, 2 de septiembre de 2019

  1. LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

    En 1987 se presenta para su conocimiento y discusión el documento Proyecto para la reforma de la enseñanza. Propuesta para el debate ahora con Javier Solana en el Ministerio, que dos años después se convierte en El Libro Blanco de la Reforma Educativa. Los tres objetivos fundamentales eran la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y, como consecuencia, reestructurar las etapas educativas y mejorar la calidad de la enseñanza principalmente desde la reforma del currículum que quedó fijado en el documento del Diseño Curricular Base (DCB) orientado por los profesores Coll y Marchesi. Las experiencias y debates se articularon en la Ley Orgánica de Organización General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en octubre de 1990.

    Se pretende la educación plena, orientada desde Europa, en la que se integren conocimientos e información a la par que valores individuales y sociales, éticos y morales.

    Los más pequeños pueden ingresar en los cauces educativos institucionales ya desde que nacen, previéndose la gratuidad para el ciclo de tres a cinco años. De ellos se espera el desarrollo de su autonomía y su capacidad de relación y de exploración de sí mismos. La EGB se fragmenta en Educación Primaria -de seis a doce años- en la que se proporciona una educación común en la que adquieran los conocimientos básicos culturales, y la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, hasta los dieciséis, en que se va dando una diversificación progresiva que de respuesta a los intereses del alumnado. A pesar de los buenos presagios de la ESO, ha resultado la etapa más conflictiva de toda la escolaridad y no ha conseguido eliminar el fracaso escolar. Tras haber superado la ESO, se podía acceder o bien a los dos cursos de Bachillerato en cualquiera de las modalidades existentes (Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales o Tecnología) que conducen a la Universidad o bien a la Formación Profesional que cualifica para el desempeño de una actividad laboral. La ESO forma junto con los dos años de Bachillerato y la FormaciónProfesional de grado medio (de mucho más prestigio que anteriormente) la Enseñanza Secundaria.

    Continúa el tratamiento a la Educación Especial siguiendo las medidas de 1985, recursos suficientes, profesorado cualificado y currículos adaptados, rigiéndose por la normalización e integración escolar en centros ordinarios siempre que las capacidades individuales lo permitan.

   Otro eje fundamental fue la educación permanente, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo personal y profesional y formación general y cívica. Incluso con cierta edad se puede conseguir el título de Bachiller y acceder a la universidad.

    El tema de la calidad de la educación venía tratándose desde la década anterior y para ello se propone: a) la cualificación y formación del profesorado: la universidad se ve afectada en sus Escuelas de Magisterio; se actualizan los planes de estudio de la formación inicial para el profesorado estableciendo siete especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Especial y Audición y Lenguaje; b) La programación docente; c) los recursos educativos y la función directiva; d) la innovación y la investigación educativa; e) la orientación educativa y profesional; f) la inspección educativa y g) la evaluación del sistema educativo.

    El proceso de reformas se completa a finales de 1995 con la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE) con Pertierra como ministro. Impone la mejora de los centros desde la participación de la comunidad educativa en el gobierno y gestión de los mismos. A partir de esta Ley el director es elegido por el Consejo Escolar. Éste ha de estar acreditado para ello y presentar un proyecto de trabajo. Junto con el Jefe de Estudios y el secretario se completa el equipo directivo.
    Refuerza así mismo el derecho de todos a la educación, sin discriminación y formándoles en la participación.

    La evaluación se amplía a los procesos educativos, al profesorado y a los centros, tanto por medios internos que se verá reflejada en la Memoria Anual del Centro, como externos a cargo de la Inspección y por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

    Aún con estas tres leyes sigue habiendo deficiencias. Entre otras, y como de costumbre, la financiación escasa y la insuficiente valentía para la modernización. De la LOGSE se dice también que aplicó el neoliberalismo a la enseñanza y cargó la enseñanza de competitividad que satisfacía las necesidades formativas del sector económico. La transformación de la enseñanza no se ha producido porque los cambios de metodología y currículo así como la formación del profesorado no han tenido la potencia suficiente. A demás la continua emisión de normativas no ha colaborado a ello.

    La LOGSE se ha valorado como una ley incompleta necesitada de desarrollos posteriores que quedaron truncados cuando en 1996 comenzó a gobernar el Partido Popular.  

    La enseñanza comprensiva se queda en una enseñanza de mínimos y la transversalidad de los valores no ha llegado a calar. La acción de los medios de comunicación que valora el placer por encima de todo y la desvinculación de las familias de la tarea educativa dificultan la acción educativa de la ESO.

    De la LOPEGCE se dice que favorece a los centros privados mientras perjudica a los públicos, que recorta la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y da demasiado poder de representación al director.

    La educación española en las últimas leyes

    Los hechos educativos más importantes con el PP empiezan en 1997 con la propuesta de la ministra Esperanza Aguirre del Proyecto de Humanidades para las enseñanzas secundarias, reelaborado por el siguiente ministerio de Pilar del Castillo. Las leyes más importantes fueron la LOU de 2001 y la LOCE y la Ley Orgánica de la Cualificación y de la Formación Profesional en 2002.

    La Ley Orgánica de Universidades modifica la anterior LRU de 1984. Crea el Consejo de Coordinación Universitaria en sustitución del Consejo de Universidades y el Consejo de Dirección y la Junta Consultiva que auxilian al Rector, elegido ahora por la comunidad universitaria. También crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación.

    La LOCE tiene sus raíces en la preocupación por la calidad de la educación que surgió en los años 80. Se va creando la sensibilización necesaria para que en 1999 se obligase a evaluar internamente a los centros con los parámetros del Modelo Europeo de Gestión de Calidad EFQM en lugar de las Memorias Anuales. Sus objetivos aparecen en el Libro Blanco, Documento de bases para una ley de calidad, del año 2000 y se aprobó en 2002 pese a las continuas manifestaciones en contra.

    Los cambios más criticados fueron el establecimiento de los itinerarios, la reválida al finalizar el bachillerato y colocar la religión como materia evaluable, todos ellos paralizados por el nuevo gobierno socialista a raíz de la consulta popular de 2004. La repetición de curso por tres asignaturas suspensas, la atención a las necesidades educativas especiales y al profesorado, han sido bien acogidos.

    Otra innovación fue la sustitución del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo que asegura el control de calidad de la educación española.

    En lo que se refiere a FP, se crea el Consejo General de Formación Profesional en 1997 adscrito a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales como órgano de participación de las organizaciones empresariales y sindicales y las administraciones públicas. Se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones en 1999 modificado y puesto en funcionamiento en 2002; se publica la Ley Orgánica de Cualificación y de la Formación Profesional que la adecua a lo previsto por la UE.

    Llegados los socialistas al poder tras las elecciones de 2004, se apresuran a paralizar la LOCE haciendo un análisis de la situación educativa y poniendo a debate el documento Una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el debate que trataba temas como la enseñanza de la religión, las lenguas extranjeras, de tecnologías y valores, participación, autonomía de los centros y evaluación, entre otros. Hubo muchas aportaciones recibidas y mucha participación sobretodo en lo referente al peso de la religión en el currículo. Las propuestas iniciales se enriquecieron y el 30 de marzo de 2005 se difunde el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, aprobado en julio.

    Se entiende la educación como un proceso de formación permanente en el que se adquieran los valores democráticos y el deseo y la capacidad de aprender por sí solos a lo largo de toda su vida.

    En el título I se desarrollan los distintos niveles no universitarios: El nivel primario permanece igual excepto por una evaluación diagnóstica que deberá realizarse al alumnado que finalice el cuarto curso. En la Secundaria hay modificaciones: se hará en el segundo curso una evaluación de diagnóstico, hay programas de refuerzo, el carácter orientador del cuarto curso para estudios posteriores o el ingreso en el mundo laboral y programas de cualificación profesional inicial para los estudiantes de dieciséis a veintiún años que no hubieran alcanzado el título de graduado en educación secundaria obligatoria. El Bachillerato también sufre modificaciones; las modalidades pasan a ser tres (Artes, Ciencia y Tecnología y Humanidades y CC Sociales) y se mantiene la prueba de acceso a la universidad. Se incluye en el currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía en los tres niveles.

    En el título II se garantiza la equidad en educación tanto para alumnos discapacitados o trastornos de conducta como para los de altas capacidades y los desfavorecidos económicamente.

    El título III se dedica a los profesores y su formación, completada por la tutoría de profesores veteranos.

    El título IV se establecen los requisitos que deben cumplir los centros concertados.

    En el V se trata la participación junto con la autonomía de los centros e impulsa el papel de los órganos de gobierno y establece el proceso de selección del director.

    El título VI aborda la evaluación que se aplicará tanto a los procesos de aprendizaje como a los profesores y a la dirección y funcionamiento del centro, a los procesos educativos y a la inspección.

    El título VII enfatiza la función de asesoramiento de los centros y se exponen sus cometidos. Se mantiene la Alta Inspección del Estado.

    La importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos está totalmente reconocida por todos y cada uno de ellos, por lo que se debería llegar a un consenso que garantizara la estabilidad de las normativas ante coyunturas sociales.

domingo, 1 de septiembre de 2019


  1. PRIMEROS DESARROLLOS CONSTITUCIONALES Y DEMOCRÁTICOS EN EDUCACIÓN (1980-1990)

       En 1980 se elaboró, estando en el poder la Unión del Centro Democrático, la primera ley orgánica educativa de la democracia: el Estatuto de Centros Escolares LOECE, de apenas trascendencia, en la que, en base a la LGE, sustituye los principios franquistas por los democráticos.

    Se hace una nueva propuesta de gobierno para las escuelas e institutos: los órganos unipersonales y los colegiados. Estos últimos formados por el Consejo escolar y el claustro de profesores cada uno con sus competencias. El director era elegido por la Administración (nada democrático) de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad.

    Se reglamentan los deberes y derechos de los alumnos y el derecho de los padres a elegir centro de acuerdo con sus creencias, igual que la creación de centros docentes. La enseñanza es integral y adecuada a la edad de los alumnos reconociéndose sus libertades.

    Aunque se elaboró bajo el gobierno de Adolfo Suárez con Otero Novas como ministro de Educación, algunos de sus artículos se consideraron anticonstitucionales por lo que se retrasó su aplicación. A demás, la dimisión de Suárez en 1981 y el acceso a la presidencia de Calvo Sotelo, y más tarde con las elecciones de 1982 de Felipe González, dejaron a la educación en un segundo plano, y al ser de nuevo retomada en 1983 se reglamenta la universidad con la LRU y dos años más tarde la no universitaria con la LODE.

    Los socialistas criticaron la LOECE: primero por no respetar el espíritu constitucional y segundo por no valorar la excesiva financiación que se daba a los centros privados en comparación con la que se daba a los estatales.

    El gobierno de los socialistas pone al frente del Ministerio de Educación a José Mª Maravall. La universidad seguía rigiéndose por la LGE anterior a la Constitución por lo que se hacía necesario adaptarla a la nueva situación política. La Universidad se vio regulada por la LRU de 1983, en la que se aclara que la universidad ha de cumplir con calidad las funciones de desarrollo científico, formación profesional y extensión cultural, comenzando por su entorno próximo, la Comunidad Autónoma.

    Pretendía desarrollar la autonomía y libertad universitaria, facilitando la creación de nuevas universidades tanto por entidades públicas como privadas; se regulan los Departamentos y las categorías de profesor funcionario, catedráticos y titulares de universidad o escuela universitaria y como contratados, los asociados y los visitantes, así como las fórmulas de selección. Se gobernaría de manera democrática gracias a los órganos unipersonales y colegiados, entre éstos el Consejo Social formado por representantes académicos y de la sociedad encargados de la gestión económica. Todo ello se fijará en los estatutos de cada universidad. Se aboga por la movilidad de los estudiantes entre universidades, aumentando becas y ayudas.
    Los estatutos reducían la participación de los estudiantes. El rector era elegido por el claustro de profesores. La burocratización era creciente. Sin embargo se abre la vía a la descentralización. Dieciocho años más tarde fue sustituida por la Ley Orgánica de Universidades promovida desde el gobierno popular.

    Una vez finalizada la modificación de la universidad, los esfuerzos se dirigen a la adaptación constitucional del sistema educativo presentando la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, LODE, ya que la anterior Ley de 1981 LOECE no la había logrado. Pero sólo valoró las deficiencias más obvias de la ley de 1970 sin estudiar en serio la situación educativa. Fue recurrida en el año 1984 y no entró en vigor hasta el 4 de julio de 1985, garantizando el pluralismo y la equidad en educación sin abandonar la aspiración de modernizar la educación presente en normativas anteriores.

    La ley queda justificada por la necesidad de adaptación a los rápidos cambios sociales y a las exigencias de los sectores productivos ya que estábamos a punto de ingresar en la Comunidad Económica Europea, y acabar con el fracaso escolar que se venía produciendo.

    La educación, a demás de ser un servicio público, es la base de la democracia: se reforman los contenidos y métodos educativos y se elimina la función de reproducción social sin ningún tipo de limitación en el acceso excepto la propia capacidad.

    Garantiza la libertad de cátedra y la libertad de las familias en lo relativo a la educación de los hijos.

    Los centros pasan a catalogarse, según la enseñanza que impartieran, en centros de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. A demás de poder ser, según su financiación, públicos, concertados o de titularidad privada sostenido con fondos públicos o privados. Se exige a  todos ellos ejercitar su autonomía proponiendo su metodología y organizando las actividades siempre que no discriminen a ningún integrante de la comunidad educativa.

    En la programación general de la enseñanza tendría que intervenir el Estado y las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Escolar del Estado que venía a sustituir al Consejo Nacional de Educación, que asesoraría los dictámenes propuestos e informaría al estado del estado de la educación cada año. De él depende el Consejo Escolar de cada Autonomía.

    La gestión y funcionamiento de los centros está en manos de los órganos colegiados, el claustro y el Consejo Escolar del Centro, siendo éste último encargado de elegir al director.

    Para no negar a nadie el derecho a la educación, y romper con todo lo que la educación tenía de reproducción social, se toman medidas, no sólo para la igualdad de acceso a la educación -conseguido en gran arte con la obligatoriedad en 1970- sino también en los resultados, estableciendo los programas de Educación Compensatoria que se colocaron el los Centros de Recursos creados al efecto. La experiencia duró pocos años ya que la ley de 1990 amplia la obligatoriedad hasta los dieciséis años y previno el ingreso a los centro de preescolar desde los tres, considerándose erradicado el analfabetismo.

    Se propone la integración escolar de los discapacitados, escolarizándoles en centros ordinarios recibiendo los apoyos necesarios de acuerdo con la Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982. Para conseguir la normalización de este colectivo se proponen varias modalidades: integración completa, parcial o combinada en centros ordinarios. Se consigue un ambiente plural y la práctica de valores como la tolerancia, solidaridad, ayuda y respeto. Todos aprenden juntos sin segregación. Se cuenta para ello con la ayuda inestimable de los servicios pedagógicos y multiprofesionales.

    Se da también mucha importancia a la formación permanente del profesorado para el éxito de la educación y se crean los Centro de Profesores CEP en 1983 haciendo suyas las propuestas de los Movimientos de Renovación Pedagógica. Actualizaría a los profesores y se convirtieron en centros de encuentro e intercambios de experiencias. Se imparten cursillos científicos, muchos de ellos referentes a las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Se introduce en los centros el Proyecto Atenea en que la informática es objeto de estudio y el ordenador un recurso didáctico y el Proyecto Mercurio referido a los audiovisuales y en ambos programas se forma a los profesores responsables de ellos.