lunes, 2 de septiembre de 2019

  1. LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

    En 1987 se presenta para su conocimiento y discusión el documento Proyecto para la reforma de la enseñanza. Propuesta para el debate ahora con Javier Solana en el Ministerio, que dos años después se convierte en El Libro Blanco de la Reforma Educativa. Los tres objetivos fundamentales eran la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y, como consecuencia, reestructurar las etapas educativas y mejorar la calidad de la enseñanza principalmente desde la reforma del currículum que quedó fijado en el documento del Diseño Curricular Base (DCB) orientado por los profesores Coll y Marchesi. Las experiencias y debates se articularon en la Ley Orgánica de Organización General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en octubre de 1990.

    Se pretende la educación plena, orientada desde Europa, en la que se integren conocimientos e información a la par que valores individuales y sociales, éticos y morales.

    Los más pequeños pueden ingresar en los cauces educativos institucionales ya desde que nacen, previéndose la gratuidad para el ciclo de tres a cinco años. De ellos se espera el desarrollo de su autonomía y su capacidad de relación y de exploración de sí mismos. La EGB se fragmenta en Educación Primaria -de seis a doce años- en la que se proporciona una educación común en la que adquieran los conocimientos básicos culturales, y la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, hasta los dieciséis, en que se va dando una diversificación progresiva que de respuesta a los intereses del alumnado. A pesar de los buenos presagios de la ESO, ha resultado la etapa más conflictiva de toda la escolaridad y no ha conseguido eliminar el fracaso escolar. Tras haber superado la ESO, se podía acceder o bien a los dos cursos de Bachillerato en cualquiera de las modalidades existentes (Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales o Tecnología) que conducen a la Universidad o bien a la Formación Profesional que cualifica para el desempeño de una actividad laboral. La ESO forma junto con los dos años de Bachillerato y la FormaciónProfesional de grado medio (de mucho más prestigio que anteriormente) la Enseñanza Secundaria.

    Continúa el tratamiento a la Educación Especial siguiendo las medidas de 1985, recursos suficientes, profesorado cualificado y currículos adaptados, rigiéndose por la normalización e integración escolar en centros ordinarios siempre que las capacidades individuales lo permitan.

   Otro eje fundamental fue la educación permanente, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo personal y profesional y formación general y cívica. Incluso con cierta edad se puede conseguir el título de Bachiller y acceder a la universidad.

    El tema de la calidad de la educación venía tratándose desde la década anterior y para ello se propone: a) la cualificación y formación del profesorado: la universidad se ve afectada en sus Escuelas de Magisterio; se actualizan los planes de estudio de la formación inicial para el profesorado estableciendo siete especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Especial y Audición y Lenguaje; b) La programación docente; c) los recursos educativos y la función directiva; d) la innovación y la investigación educativa; e) la orientación educativa y profesional; f) la inspección educativa y g) la evaluación del sistema educativo.

    El proceso de reformas se completa a finales de 1995 con la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE) con Pertierra como ministro. Impone la mejora de los centros desde la participación de la comunidad educativa en el gobierno y gestión de los mismos. A partir de esta Ley el director es elegido por el Consejo Escolar. Éste ha de estar acreditado para ello y presentar un proyecto de trabajo. Junto con el Jefe de Estudios y el secretario se completa el equipo directivo.
    Refuerza así mismo el derecho de todos a la educación, sin discriminación y formándoles en la participación.

    La evaluación se amplía a los procesos educativos, al profesorado y a los centros, tanto por medios internos que se verá reflejada en la Memoria Anual del Centro, como externos a cargo de la Inspección y por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

    Aún con estas tres leyes sigue habiendo deficiencias. Entre otras, y como de costumbre, la financiación escasa y la insuficiente valentía para la modernización. De la LOGSE se dice también que aplicó el neoliberalismo a la enseñanza y cargó la enseñanza de competitividad que satisfacía las necesidades formativas del sector económico. La transformación de la enseñanza no se ha producido porque los cambios de metodología y currículo así como la formación del profesorado no han tenido la potencia suficiente. A demás la continua emisión de normativas no ha colaborado a ello.

    La LOGSE se ha valorado como una ley incompleta necesitada de desarrollos posteriores que quedaron truncados cuando en 1996 comenzó a gobernar el Partido Popular.  

    La enseñanza comprensiva se queda en una enseñanza de mínimos y la transversalidad de los valores no ha llegado a calar. La acción de los medios de comunicación que valora el placer por encima de todo y la desvinculación de las familias de la tarea educativa dificultan la acción educativa de la ESO.

    De la LOPEGCE se dice que favorece a los centros privados mientras perjudica a los públicos, que recorta la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y da demasiado poder de representación al director.

    La educación española en las últimas leyes

    Los hechos educativos más importantes con el PP empiezan en 1997 con la propuesta de la ministra Esperanza Aguirre del Proyecto de Humanidades para las enseñanzas secundarias, reelaborado por el siguiente ministerio de Pilar del Castillo. Las leyes más importantes fueron la LOU de 2001 y la LOCE y la Ley Orgánica de la Cualificación y de la Formación Profesional en 2002.

    La Ley Orgánica de Universidades modifica la anterior LRU de 1984. Crea el Consejo de Coordinación Universitaria en sustitución del Consejo de Universidades y el Consejo de Dirección y la Junta Consultiva que auxilian al Rector, elegido ahora por la comunidad universitaria. También crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación.

    La LOCE tiene sus raíces en la preocupación por la calidad de la educación que surgió en los años 80. Se va creando la sensibilización necesaria para que en 1999 se obligase a evaluar internamente a los centros con los parámetros del Modelo Europeo de Gestión de Calidad EFQM en lugar de las Memorias Anuales. Sus objetivos aparecen en el Libro Blanco, Documento de bases para una ley de calidad, del año 2000 y se aprobó en 2002 pese a las continuas manifestaciones en contra.

    Los cambios más criticados fueron el establecimiento de los itinerarios, la reválida al finalizar el bachillerato y colocar la religión como materia evaluable, todos ellos paralizados por el nuevo gobierno socialista a raíz de la consulta popular de 2004. La repetición de curso por tres asignaturas suspensas, la atención a las necesidades educativas especiales y al profesorado, han sido bien acogidos.

    Otra innovación fue la sustitución del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo que asegura el control de calidad de la educación española.

    En lo que se refiere a FP, se crea el Consejo General de Formación Profesional en 1997 adscrito a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales como órgano de participación de las organizaciones empresariales y sindicales y las administraciones públicas. Se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones en 1999 modificado y puesto en funcionamiento en 2002; se publica la Ley Orgánica de Cualificación y de la Formación Profesional que la adecua a lo previsto por la UE.

    Llegados los socialistas al poder tras las elecciones de 2004, se apresuran a paralizar la LOCE haciendo un análisis de la situación educativa y poniendo a debate el documento Una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el debate que trataba temas como la enseñanza de la religión, las lenguas extranjeras, de tecnologías y valores, participación, autonomía de los centros y evaluación, entre otros. Hubo muchas aportaciones recibidas y mucha participación sobretodo en lo referente al peso de la religión en el currículo. Las propuestas iniciales se enriquecieron y el 30 de marzo de 2005 se difunde el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, aprobado en julio.

    Se entiende la educación como un proceso de formación permanente en el que se adquieran los valores democráticos y el deseo y la capacidad de aprender por sí solos a lo largo de toda su vida.

    En el título I se desarrollan los distintos niveles no universitarios: El nivel primario permanece igual excepto por una evaluación diagnóstica que deberá realizarse al alumnado que finalice el cuarto curso. En la Secundaria hay modificaciones: se hará en el segundo curso una evaluación de diagnóstico, hay programas de refuerzo, el carácter orientador del cuarto curso para estudios posteriores o el ingreso en el mundo laboral y programas de cualificación profesional inicial para los estudiantes de dieciséis a veintiún años que no hubieran alcanzado el título de graduado en educación secundaria obligatoria. El Bachillerato también sufre modificaciones; las modalidades pasan a ser tres (Artes, Ciencia y Tecnología y Humanidades y CC Sociales) y se mantiene la prueba de acceso a la universidad. Se incluye en el currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía en los tres niveles.

    En el título II se garantiza la equidad en educación tanto para alumnos discapacitados o trastornos de conducta como para los de altas capacidades y los desfavorecidos económicamente.

    El título III se dedica a los profesores y su formación, completada por la tutoría de profesores veteranos.

    El título IV se establecen los requisitos que deben cumplir los centros concertados.

    En el V se trata la participación junto con la autonomía de los centros e impulsa el papel de los órganos de gobierno y establece el proceso de selección del director.

    El título VI aborda la evaluación que se aplicará tanto a los procesos de aprendizaje como a los profesores y a la dirección y funcionamiento del centro, a los procesos educativos y a la inspección.

    El título VII enfatiza la función de asesoramiento de los centros y se exponen sus cometidos. Se mantiene la Alta Inspección del Estado.

    La importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos está totalmente reconocida por todos y cada uno de ellos, por lo que se debería llegar a un consenso que garantizara la estabilidad de las normativas ante coyunturas sociales.

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