domingo, 1 de septiembre de 2019


  1. PRIMEROS DESARROLLOS CONSTITUCIONALES Y DEMOCRÁTICOS EN EDUCACIÓN (1980-1990)

       En 1980 se elaboró, estando en el poder la Unión del Centro Democrático, la primera ley orgánica educativa de la democracia: el Estatuto de Centros Escolares LOECE, de apenas trascendencia, en la que, en base a la LGE, sustituye los principios franquistas por los democráticos.

    Se hace una nueva propuesta de gobierno para las escuelas e institutos: los órganos unipersonales y los colegiados. Estos últimos formados por el Consejo escolar y el claustro de profesores cada uno con sus competencias. El director era elegido por la Administración (nada democrático) de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad.

    Se reglamentan los deberes y derechos de los alumnos y el derecho de los padres a elegir centro de acuerdo con sus creencias, igual que la creación de centros docentes. La enseñanza es integral y adecuada a la edad de los alumnos reconociéndose sus libertades.

    Aunque se elaboró bajo el gobierno de Adolfo Suárez con Otero Novas como ministro de Educación, algunos de sus artículos se consideraron anticonstitucionales por lo que se retrasó su aplicación. A demás, la dimisión de Suárez en 1981 y el acceso a la presidencia de Calvo Sotelo, y más tarde con las elecciones de 1982 de Felipe González, dejaron a la educación en un segundo plano, y al ser de nuevo retomada en 1983 se reglamenta la universidad con la LRU y dos años más tarde la no universitaria con la LODE.

    Los socialistas criticaron la LOECE: primero por no respetar el espíritu constitucional y segundo por no valorar la excesiva financiación que se daba a los centros privados en comparación con la que se daba a los estatales.

    El gobierno de los socialistas pone al frente del Ministerio de Educación a José Mª Maravall. La universidad seguía rigiéndose por la LGE anterior a la Constitución por lo que se hacía necesario adaptarla a la nueva situación política. La Universidad se vio regulada por la LRU de 1983, en la que se aclara que la universidad ha de cumplir con calidad las funciones de desarrollo científico, formación profesional y extensión cultural, comenzando por su entorno próximo, la Comunidad Autónoma.

    Pretendía desarrollar la autonomía y libertad universitaria, facilitando la creación de nuevas universidades tanto por entidades públicas como privadas; se regulan los Departamentos y las categorías de profesor funcionario, catedráticos y titulares de universidad o escuela universitaria y como contratados, los asociados y los visitantes, así como las fórmulas de selección. Se gobernaría de manera democrática gracias a los órganos unipersonales y colegiados, entre éstos el Consejo Social formado por representantes académicos y de la sociedad encargados de la gestión económica. Todo ello se fijará en los estatutos de cada universidad. Se aboga por la movilidad de los estudiantes entre universidades, aumentando becas y ayudas.
    Los estatutos reducían la participación de los estudiantes. El rector era elegido por el claustro de profesores. La burocratización era creciente. Sin embargo se abre la vía a la descentralización. Dieciocho años más tarde fue sustituida por la Ley Orgánica de Universidades promovida desde el gobierno popular.

    Una vez finalizada la modificación de la universidad, los esfuerzos se dirigen a la adaptación constitucional del sistema educativo presentando la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, LODE, ya que la anterior Ley de 1981 LOECE no la había logrado. Pero sólo valoró las deficiencias más obvias de la ley de 1970 sin estudiar en serio la situación educativa. Fue recurrida en el año 1984 y no entró en vigor hasta el 4 de julio de 1985, garantizando el pluralismo y la equidad en educación sin abandonar la aspiración de modernizar la educación presente en normativas anteriores.

    La ley queda justificada por la necesidad de adaptación a los rápidos cambios sociales y a las exigencias de los sectores productivos ya que estábamos a punto de ingresar en la Comunidad Económica Europea, y acabar con el fracaso escolar que se venía produciendo.

    La educación, a demás de ser un servicio público, es la base de la democracia: se reforman los contenidos y métodos educativos y se elimina la función de reproducción social sin ningún tipo de limitación en el acceso excepto la propia capacidad.

    Garantiza la libertad de cátedra y la libertad de las familias en lo relativo a la educación de los hijos.

    Los centros pasan a catalogarse, según la enseñanza que impartieran, en centros de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. A demás de poder ser, según su financiación, públicos, concertados o de titularidad privada sostenido con fondos públicos o privados. Se exige a  todos ellos ejercitar su autonomía proponiendo su metodología y organizando las actividades siempre que no discriminen a ningún integrante de la comunidad educativa.

    En la programación general de la enseñanza tendría que intervenir el Estado y las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Escolar del Estado que venía a sustituir al Consejo Nacional de Educación, que asesoraría los dictámenes propuestos e informaría al estado del estado de la educación cada año. De él depende el Consejo Escolar de cada Autonomía.

    La gestión y funcionamiento de los centros está en manos de los órganos colegiados, el claustro y el Consejo Escolar del Centro, siendo éste último encargado de elegir al director.

    Para no negar a nadie el derecho a la educación, y romper con todo lo que la educación tenía de reproducción social, se toman medidas, no sólo para la igualdad de acceso a la educación -conseguido en gran arte con la obligatoriedad en 1970- sino también en los resultados, estableciendo los programas de Educación Compensatoria que se colocaron el los Centros de Recursos creados al efecto. La experiencia duró pocos años ya que la ley de 1990 amplia la obligatoriedad hasta los dieciséis años y previno el ingreso a los centro de preescolar desde los tres, considerándose erradicado el analfabetismo.

    Se propone la integración escolar de los discapacitados, escolarizándoles en centros ordinarios recibiendo los apoyos necesarios de acuerdo con la Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982. Para conseguir la normalización de este colectivo se proponen varias modalidades: integración completa, parcial o combinada en centros ordinarios. Se consigue un ambiente plural y la práctica de valores como la tolerancia, solidaridad, ayuda y respeto. Todos aprenden juntos sin segregación. Se cuenta para ello con la ayuda inestimable de los servicios pedagógicos y multiprofesionales.

    Se da también mucha importancia a la formación permanente del profesorado para el éxito de la educación y se crean los Centro de Profesores CEP en 1983 haciendo suyas las propuestas de los Movimientos de Renovación Pedagógica. Actualizaría a los profesores y se convirtieron en centros de encuentro e intercambios de experiencias. Se imparten cursillos científicos, muchos de ellos referentes a las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Se introduce en los centros el Proyecto Atenea en que la informática es objeto de estudio y el ordenador un recurso didáctico y el Proyecto Mercurio referido a los audiovisuales y en ambos programas se forma a los profesores responsables de ellos.      


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