2. LA EDUCACIÓN EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y EN LA CONSTITUCIÓN (1976-1978)

    A la muerte de Franco, a finales de 1975, la sociedad española comienza a trabajar por la democracia. Fue nombrado Arias Navarro como presidente del Gobierno y un año más tarde dimite y le sustituye Adolfo Suárez por decisión del Rey quien ayudado por Torcuato Fernández Miranda dirige la transición hacia la democracia. Lo hace mediante la Ley de Reforma Política de 1976 que legaliza los partidos políticos y la amnistía de los presos políticos. El gobierno debate medidas resolutorias de la penosa situación económica que reúnen en los Pactos de la Moncloa. La educación se contempla como algo tan importante para la economía como para la deseada democracia.

    Iñigo Cavero es el Ministro de Educación en este gobierno en que se luchó por la calidad de la enseñanza y la homogeneización de centros estatales y privados. Se va estableciendo la gratuidad progresivamente en los niveles no universitarios y se crean más puestos escolares. El profesorado de nuevo aumenta sus sueldos y los libros de texto se abaratan. Se incorporan a la escuela las lenguas maternas.

    Siete ilustres personajes, representantes de los partidos políticos más representativos del momento, elaboran un borrador de la Constitución dándose por finalizado 15 meses después, y aprobado por referéndum el 6 de diciembre de 1978, conteniendo los derechos y libertades fundamentales por las que se rigen los españoles.

    El artículo 27 recoge: la Libertad de la Enseñanza, el Derecho a la educación y Autonomía universitaria y algunos otros derechos recogidos en otros artículos como la protección a las familias, la dignidad de toda persona y la igualdad de todos los españoles… Se garantiza a demás una educación religiosa y moral de acuerdo con las prácticas familiares. Se dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y se garantiza el derecho de todos a la educación con a participación de todos los sectores implicados y la creación de centros por cualquier persona. Se encarga a los poderes públicos las responsabilidades de inspección del sistema educativo.

    El sistema educativo deja de ser centralizado, pasando a ser responsabilidad de cada comunidad autónoma, proceso largo que iba integrando responsabilidades y competencias educativas en manos de cada autonomía. Este hecho permite una mejor adaptación a las singularidades regionales y una más ágil y eficaz gestión. Sin embargo duplica la burocracia y provoca mal estar en algunos ámbitos por las diferencias ideológicas de los gobiernos autonómicos, por ejemplo en temas de lengua materna o disposición de recursos económicos.