(Por Miguel Ángel Sastre Castillo, director de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones)
La calidad en Educación Superior puede ser concebida como un asunto interno, que las instituciones tienen la responsabilidad de asegurar, o como un asunto de política pública, dada la trascendencia que los resultados de la Educación Superior tiene sobre la competitividad del país y la influencia sobre la generación de un modelo de desarrollo sostenible.
Además, dado que la financiación destinada a la Educación Superior procede en parte de fondos públicos, parece adecuado un modelo en el que convivan la responsabilidad procedente de la autonomía universitaria con un sistema de rendición de cuentas a la sociedad en su conjunto, que es la verdadera receptora de los resultados de la Educación Superior.
No sólo en España, sino en toda Europa, el modelo de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior descansa así, sobre estos dos pilares, el aseguramiento interno y el aseguramiento externo de la calidad. Y en este nivel externo, las agencias europeas de evaluación de la calidad y acreditación en la Educación Superior seguimos unos planteamientos comunes a través de los “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG), aprobados por la Conferencia de Ministros de Ereván de 2015.
Hasta la fecha el modelo de aseguramiento externo de la calidad se centraba en el nivel de titulaciones, tal y como se estableció en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con un sistema de control establecido en tres fases: acreditación ex-ante, seguimiento y acreditación ex-post.
Sin embargo, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios abría la vía para un nuevo modelo de acreditación, centrado en los centros universitarios y no en cada título ofertado (aunque ambos modelos continuarán conviviendo y será decisión de cada centro acreditar sus títulos de una u otra manera).
Tal modelo respondía a un deseo de mantener la utilidad de las evaluaciones pero simplificando la carga de trabajo implícita en estos procesos y permitiendo, en consecuencia, una gestión y organización más autónoma y basada en la confianza mutua, dado que el mayor nivel de madurez del sistema parece hacer posible y deseable que pueda recaer un mayor peso del aseguramiento de la calidad en el aseguramiento interno.
Dicho Real Decreto fue desarrollado a través de la resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas.
Es interesante que el modelo por primera vez establece una clara diferencia entre instituciones, en función del nivel de desarrollo de sus sistemas de aseguramiento interno de la calidad, que se han hecho o no acreedoras de esa mayor confianza por parte del sistema en su conjunto.
Por ello, el artículo 14 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo definía las condiciones para poder optar por el modelo de acreditación institucional, que consistían en haber renovado la acreditación de, al menos, la mitad de los títulos de Grado y Máster, por un lado, y contar con la certificación de la implantación de un Sistema Interno de Calidad, por el otro.
La primera condición fue matizada por la resolución de 7 de marzo de 2018, de manera que a efectos de su cumplimiento, se requeriría la renovación de la acreditación de, al menos, la mitad de los títulos universitarios oficiales de Grado y de, al menos, la mitad de los títulos universitarios oficiales de Máster.
Desde la publicación de la resolución, muchas han sido las solicitudes de centros para ser acreditados. En concreto, hasta la fecha, ANECA ha recibido 32 solicitudes de acreditación institucional de centros, de las que 26 han recibido informe favorable, mientras que 6 informes resultaron ser desfavorables.
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