Competencia denuncia a 12 ayuntamientos y 13 autonomías por sus barreras a la unidad de mercado
· VÍCTOR MARTÍNEZ 11 abr. 2018 03:14
La batalla judicial entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el conocido como conflicto del taxi es el pleito más mediático entre el regulador y la Administración Pública. Pero no es el único. El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha interpuesto ya un total de 41 recursos contenciosos contra 12 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas al considerar que algunas normas locales y regionales atentan contra la competencia y, en última instancia, socavan el bolsillo del consumidor.
Los conflictos abiertos en la Audiencia Nacional son de lo más variado, según las cifras que maneja el propio regulador. Desde los criterios para recibir una ayuda a la formación por parte de una comunidad autónoma a los requisitos para llevar a cabo un estudio geológico previo a la construcción de un campo de fútbol femenino. En este último caso, remitido a la justicia hace unas semanas, la CNMC carga contra los pliegos del concurso realizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana que limitan la realización del estudio a licenciados superiores en Geología. El regulador requiere que se cambie esta reserva profesional al entender que otros colectivos -por ejemplo, el de ingenieros de minas que denunció la «discriminación»- están capacitados para llevar a cabo el trabajo.
Todos los casos denunciados tienen en común la posible vulneración de la Ley de Unidad de Mercado, creada en 2013 para romper con los obstáculos y barreras administrativas por parte de administraciones públicas que castigan la competitividad del país. La CNMC ejerce de guardián de que se cumple esta ley dentro de sus ámbitos de actuación.
Los 41 recursos en la Audiencia Nacional han sido precedidos de decenas de informes realizados por el regulador para informar sobre las normas locales y autonómicas, ya sea por oficio o tras recibir alguna queja externa. Los informes suelen incluir un requerimiento para realizar el cambio normativo. En caso de no materializarse en un plazo de dos meses, la CNMC vuelve a llevar el asunto a su consejo para estudiar la toma de medidas legales.
http://www.elmundo.es/economia/2018/04/11/5acce6ede5fdeaef668b46b6.html
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