Forma parte de la historia de la transición española de la dictadura a la democracia la actividad desarrollada para democratizar el ejército por un grupo de mandos, tres comandantes y nueve capitanes, que crearon una organización clandestina denominada Unión Militar Democrática, que pretendía un cambio en el Ejército a favor de la incipiente democracia.
La UMD nació en 1974 alentada por la revolución de los claveles en Portugal, fue desarticulada con detenciones de varios de sus dirigentes en el verano de 1975, nueve de sus dirigentes recibieron condenas de años de cárcel y siete de inhabilitación y expulsión del ejército, en 1976. La UMD se auto disolvió en 1977 tras las primeras elecciones democráticas de junio de dicho año.
En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España.
En abril de 2002, el diputado socialista Carlos Sanjuan, ex miembro de UMD y amigo de uno de sus fundadores, el comandante Julio Busquets, planteó una proposición no de ley para reconocer la labor de la UMD en la llegada de la democracia que fue derrotada por la mayoría absoluta del PP.
En 2009 el Congreso aprobó una moción reconociendo la labor por la democracia de los miembros de la UMD, el Consejo de ministros en diciembre del mismo año aprobó una declaración publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de Defensa, reconociendo la participación de los miembros de la UMD en la democratización del Ejército y la persecución de que fueron objeto sus miembros por vías judiciales y extrajudiciales.
En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España, lo que algunos pagaron con encarcelamientos, condenas y expulsiones. Con estas medidas, el Estado zanjaba una deuda contraída con estos demócratas.
En la Guardia Civil el Estado no ha zanjado su deuda
Llegada la democracia y con el nacimiento de sindicatos en la Policía Nacional, un grupo de guardias civiles entendió que la Constitución permitía la creación de organizaciones profesionales en su seno. Acontecimientos políticos se cruzaron en su camino, la llegada de José Luís Corcuera a Interior y la disputa entre Felipe González y Nicolás Redondo llevó a UGT a apoyar el movimiento asociativo clandestino en la Guardia Civil (al que hasta entonces se había opuesto, según manifestaban sus líderes nacionales a dirigentes del sindicato policial mayoritario), y desde Interior se desataron todas las hostilidades contra ellos.
La persecución contra estos demócratas en la Guardia Civil se enmarcó en la denominada “operación Columna” que llevaron a cabo miembros de la lucha contraterrorista del Cuerpo con infiltración en el movimiento, difusión de noticias falsas como si fuesen emitidas por ellos, compra y manipulación de periodistas y un conjunto de actividades ilegales que llevaron a prisión a decenas de dirigentes de las organizaciones UDGC y SUGC, sometimientos a juicios militares acusados de sedición que no prosperaron y expedientados con posterioridad, por lo que resultaron expulsados varios de ellos, algunos consiguieron el reingreso y cuatro de ellos siguen expulsados hoy.
El Tribunal Constitucional reconoció años después que cuando ellos quisieron crear asociaciones profesionales estaban protegidos por la Constitución, pero ya estaban expulsados y los responsables (Felipe González, Narcís Serra, José Luís Corcuera y Luís Roldán) no han pagado por ello.
En 2009 UPyD presentó proposición no de ley para su reingreso, siendo aprobada por unanimidad, lo que no llevó al Gobierno socialista que había llevado a cabo el reconocimiento para los mandos “Umedos” a mover ficha para los “Umedos” de la Guardia Civil, quizás porque estos tenían una categoría militar bastante inferior.
En 2016, algunos de los afectados crearon una asociación, Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, en siglas GUCIPOL, con el objetivo fundacional de defender derechos humanos y libertades públicas, que ha asumido como primer objetivo de su trabajo conseguir el reingreso o reconocimiento de los expulsados.
GUCIPOL ha remitido escrito a los grupos parlamentarios y se ha aprobado una nueva proposición no de ley, a propuesta de Cs y con los votos en contra del PP; el grupo de UPodemos ha presentado una proposición no de ley rechazada por la mesa por defectos de forma; la responsable del grupo socialista, Margarita Robles, se ha comprometido a estudiar la forma legal válida para el reingreso, y AUGC ha encargado un informe a su gabinete jurídico tendente a buscar una solución legal al asunto, solución legal que en mi opinión pasa por la voluntad política de quien ocupe el Gobierno, y que sea el PP en este momento no es una garantía de una visión que beneficie a los afectados.
En fechas recientes, los tres expulsados con vida han elaborado una carta-Manifiesto que está siendo remitida a todas las asociaciones y sindicatos profesionales, de clase, partidos políticos y otras organizaciones para que sean conscientes de que existe este asunto pendiente. Ese escrito merece ser transcrito aquí en su integridad.
Manifiesto por el reingreso en la Guardia Civil: Carta abierta de tres guardias civiles expulsados
En la década de los 80 del siglo pasado, años después de aprobada la Constitución Española y tras el proceso iniciado en el Cuerpo de Policía Nacional (con legalización de sindicatos en 1984 manteniendo la estructura y el carácter militar), miembros de la Guardia Civil consideraron que podía legalmente iniciarse el mismo proceso de modernización en la Benemérita.
Mientras en la Policía se cambiaba la legislación y se desmilitarizaba, redundando ello en mayor eficacia en su prestación del servicio a la ciudadanía, en la Guardia Civil se produjo la reacción contraria, perseguir, encarcelar y expulsar a quienes promovían un movimiento asociativo. Acusaciones de sedición ante tribunales militares fueron descartadas por las autoridades judiciales. Expedientes gubernativos internos se tramitaron contra decenas de miembros de la Guardia Civil, que se fueron resolviendo con jubilaciones o reingresos al servicio activo, incluso tras permanecer muchos de ellos distintos periodos de tiempo en prisiones militares.
El Tribunal Constitucional señaló años después que los miembros de la Guardia Civil tenían derecho a crear asociaciones profesionales; la persecución a la que fueron sometidos quienes creamos la UDGC (Unión Democrática de la Guardia Civil) o el SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil) se había producido por defender nosotros el desarrollo de un precepto constitucional. Con posterioridad al encarcelamiento, expedientes, salidas y expulsiones provocadas para tratar de impedir lo que la norma fundamental reconocía, la Constitución se impuso y fueron naciendo asociaciones diversas que hoy existen en plena legalidad, cumpliendo su función de representar a sus socios y defender sus intereses.
Nosotros seguimos pagando las consecuencias de haber defendido lo que la Constitución reconocía y hoy está normalizado en la vida diaria de la Guardia Civil. Han pasado casi 30 años y seguimos expulsados de la Guardia Civil, Cuerpo al que quisimos servir modernizándolo con el nacimiento de organizaciones profesionales en su seno, como es propio en cualquier democracia. Se ha comprobado que no éramos locos, ni enemigos de la Guardia Civil sino que planteamos unos años antes de tiempo aquello que después se materializó con plena normalidad.
Somos el Sargento Primero José Morata Gargallo, el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda, y el guardia civil José Piñeiro González. Seguimos expulsados por tratar de crear asociaciones profesionales que se crearon pocos años después, y que la Constitución reconoce y reconocía ya como un derecho cuando nosotros lo pedíamos. Creemos que la democracia ya ha sido suficientemente injusta con nosotros. Pedimos que se remuevan los obstáculos legales que impiden nuestro reingreso en la Guardia Civil, así como el reconocimiento, a título póstumo, del reingreso del cuarto guardia civil expulsado, ya fallecido, Manuel Linde Falero.
No abdicamos ni renunciamos a ninguno de los valores y principios que nos movieron a hacer lo que hicimos. Los hechos posteriores, con sentencias del Tribunal Constitucional y la existencia y desarrollo de asociaciones profesionales nos han dado la razón. Ni merecimos ser perseguidos como terroristas entonces ni merecemos seguir expulsados ahora. Queremos morir siendo miembros de la Guardia Civil.
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