El perito judicial del 'caso Mario Conde' trabaja para la familia de uno de los socios del ex banquero.
· MARISA RECUER Madrid12 nov. 2018 02:40
Su nombre es José Hernani Lacasa Salas, el inspector de Hacienda que redactó el informe pericial de 11 páginas sobre el que el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz versó sus argumentos para decretar el archivo de la investigación abierta contra el empresario Mario Conde por ocho presuntos delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales, otro de organización criminal y un delito continuado de la frustración de la ejecución, conocido como de insolvencia punible.
Lacasa Salas trabaja desde el pasado mes de marzo para una empresa dedicada a actividades jurídicas, propiedad del hermano de un socio de Conde y donde el perito desempeña funciones de asesor de impuestos en operaciones de mecenazgo. Así consta en su perfil de la red social de empleo Linkedin y corroboró este diario.
Lacasa está trabajando en Iusfinder Madrid, una sociedad domiciliada en la madrileña calle Goya, número 48, cuyo administrador único y accionista mayoritario es Francisco Javier Barrilero Yarnoz. Así consta en el Registro Mercantil. Según confirmó este diario, Francisco Javier es hermano de Fernando Barrilero Yarnoz, socio de un imputado en el caso Conde.
En concreto, del considerado presunto testaferro y hombre de confianza de Mario Conde, Francisco de Asís Cuesta Moreno. Dicho de otra manera, la persona que ha controlado las sociedades patrimoniales del ex banquero durante los últimos 20 años. Este periódico se puso en contacto con Iusfinder, pero Lacasa Salas no devolvió la llamada.
Fernando Barrilero y Cuesta Moreno compartieron cargos en la empresa Actuaciones Empresariales Independientes, creada dos meses antes de la detención del que fuera presidente de Banesto entre 1987 y 1993. En la citada empresa, Barrilero es apoderado y Cuesta fue su administrador hasta febrero de 2017.
La familia Barrilero participa en una de las sociedades investigadas en el marco de la red de empresas con las que Conde blanqueaba, presuntamente, fondos procedentes de Banesto. Se trata de Cooper Verde, una sociedad domiciliada en Bilbao, en la que los Barrilero ostentan la presidencia de una de las empresas accionistas, Patridy Cartera, según los datos del Registro Mercantil.
Patridy Cartera está presidida por la hija de Fernando Barrilero, Bárbara Barrilero García Miñaur, y participa en Cooper Verde con un 48,5% del accionariado. Precisamente, el otro socio es la empresa Lassalcedas -con otro 48,5%-, vinculada a la familia Conde y donde Cuesta Moreno es el administrador único, siendo los apoderados Mario y Alejandra, los hijos del ex banquero, que también fueron investigados en este procedimiento.
Casualmente, la empresa para la que trabaja el perito judicial comparte domicilio postal con una de las sociedades que los investigadores del caso vinculan con la red de empresas de Conde. Se trata de Barnacla, donde Cuesta Moreno también desempeñó cargos de consejero delegado y secretario. Barnacla está ubicada también en la calle Goya, número 48.
José Hernani Lacasa Salas se jubiló como inspector de Hacienda el pasado 16 de marzo, justo un día después de que entregara al magistrado su informe sobre las presuntas cuotas defraudadas por el ex presidente de Banesto, según la documentación que obra en el sumario del caso, al que tuvo acceso este diario. Tras entregar el trabajo pericial, Lacasa Salas comenzó a trabajar en la empresa de Francisco Javier Barrilero, tal y como detalla en la citada red social Linkedin.
El juez Pedraz le nombró perito judicial el 4 de julio de 2016, cuatro meses después de abrir la causa contra Mario Conde. Lacasa aceptó el cargo a los dos meses, el 12 de septiembre del mismo año. El técnico en cuestión ratificó su informe el pasado 25 de septiembre, un mes antes de que el juez decidiera sobreseer el caso y siendo ya trabajador de Iusfinder Madrid.
La reapertura de la investigación se encuentra a expensas de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional responda al recurso de apelación que interpuso la Fiscalía Anticorrupción pidiendo reabrirla porque hay diligencias pendientes. La Fiscalía reprochó al juez Pedraz su "prematura" resolución de sobreseimiento.
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