jueves, 19 de marzo de 2020


La pérdida de la nacionalidad española


Independientemente de cómo se haya obtenido la nacionalidad española, existen diferentes motivos por los que se puede romper ese vínculo entre persona y Estado. Algunas de estas causas tienen carácter general, es decir, que afectan a todos los ciudadanos españoles de igual manera y se encuentran determinadas en el artículo 24 del Código Civil. Por otro lado, hay otras que solamente son aplicables a españoles no originarios, cuya regulación se establece en el artículo 25 del CC.

La pérdida de la nacionalidad española aparece regulada en los artículo 24 y 25 del CC.

El artículo 24 en su apartado 1 expresa que perderán la nacionalidad española:

    1. Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, renuncien voluntaria y expresamente a la nacionalidad española.
   2. Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuviese atribuida antes de la emancipación.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no implican en este caso la pérdida de la nacionalidad española de origen. 
La pérdida se producirá una vez transcurridos tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o emancipación, a no ser que el interesado declare en ese plazo que desea conservar la nacionalidad española.
    3. Los españoles mayores de edad nacidos en el extranjero de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, cuando las leyes del país de residencia les atribuya su nacionalidad. También podrán evitar perderla, si en el plazo de 3 años desde su mayoría de edad o emancipación declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil.
Respecto de este apartado 3º del artículo 24 del CC, destacamos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Nº 696/2019, Rec. 3326/2017, de 19 de diciembre de 2019, en la que resuelve un recurso de casación sobre la interpretación este artículo que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

La demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 ;CC.

El Pleno de la Sala tiene en cuenta la finalidad del art. 24.3 ;CC, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España.
Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española.

La pérdida de la nacionalidad se produce «ex lege» si no se realiza esa declaración. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.

En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 ;CC. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte.

La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español.

Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la DGRN y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.

El artículo 25 del Código Civil introduce dos supuestos más, en este caso para los que no sean españoles de origen:
  • Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
  • Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
También aparece la posibilidad de la nulidad de la nacionalidad, en los casos en que una sentencia firme la declare en base a que el interesado haya incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. La acción de nulidad deberá ejercitarla el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de una denuncia, en un plazo de quince días. La declaración de nulidad no producirá efectos perjudiciales para los terceros de buena fe.

Aspectos más destacados en la pérdida de la nacionalidad española

- La pérdida de la nacionalidad se regula en los artículos 24 y 25 del Código Civil.
- Los motivos que acarrean la pérdida de la nacionalidad son diferentes para españoles de origen y para españoles no originarios.
- La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no implican en este caso la pérdida de la nacionalidad española de origen. 
- Se puede producir la nulidad de la nacionalidad mediante sentencia firme, en los casos de falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Jurisprudencia sobre la pérdida de la nacionalidad española
Nos encontramos con una denegación de la obtención de la nacionalidad, basada en la pérdida de la nacionalidad de la abuela de la solicitante. Esta se basa en el derecho que se les reconoce a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. El caso es que, dicha señora, lo perdió 5 años antes del inicio de la guerra al contraer matrimonio con un ciudadano extranjero. Tampoco se acredita que hubiera recuperado la nacionalidad, ya que, aunque se ampara en la Disposición Transitoria de la ley 14/1975 que permite a la mujer que perdió la nacionalidad por razón de matrimonio recuperarla, no se observa voluntad para ello, ya que no acude ante el encargado del Registro Civil del lugar de su residencia para que haga la inscripción correspondiente y renuncie a la extranjera. Por ello, no se le puede reconocer el derecho establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 de 24 de diciembre.
Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 ;CC. La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.

miércoles, 18 de marzo de 2020

La Tesorería Territorial mediante su Boletín de Noticias RED 4/2020 con información de interés relativa a la reciente normativa sobre el COVID-19:


Aclaraciones al real decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

En resumen, nos dicen: 

El RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente  al impacto económico y social del COVID-19, implanta las medidas de acción para  gestionar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria  ocasionada por el COVID-19.

¿Qué requisitos tiene que cumplir el autónomo para tener derecho a la prestación?
  • Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social a la fecha de la declaración del estado de alarma.
  • No es preciso tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo.
  • En el supuesto que su actividad no se vea suspendida tendrá que acreditar al menos una reducción del 75% de su facturación.
  • Encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social (de no estarlo, se le realizará la invitación al Pago).

¿Qué cobra el autónomo como prestación extraordinaria de CATA?
  • La cuantía será el 70% de la base reguladora mensual.
  • Excepcionalmente, si no acredita el periodo mínimo de cotización, podrá cobrar esta prestación, no existiendo carencia mínima.
  • La duración de la prestación es de 1 mes prorrogable hasta el fin del estado de alarma.

¿Qué tengo que hacer para acceder a la prestación? 
  • Presentar el nuevo modelo de solicitud que encontrará disponible en nuestra web.
Las solicitudes junto a la documentación complementaria deberán remitirse 


Legislación: 

  • REAL DECRETO LEY 8/2020: MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19. EXONERACIÓN DE CUOTAS
  • REAL DECRETO 465/2020: MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 463/2020, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS E INTERRUPCIÓN DE PLAZOS

Centro de Formación EIFORMACIÓN, publica un nuevo número de su boletín mensual en el que da a conocer noticias generales y en esta ocasión un especial del COVID-19

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I
EDITORIAL

Estado de Alarma, seamos conscientes y solidarios “Quedémonos en nuestras casas”.
Especial situación Coronavirus COVID-19

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Las llamadas perdidas en casos de violencia de género se consideran delito

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera en una reciente sentencia que realizar llamadas perdidas al teléfono de una víctima de violencia de género por su agresor, quien tiene prohibido comunicarse con la víctima, aunque la víctima no coja la llamada, suponen un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quién la efectuó, ya que la víctima es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad y que amenaza su seguridad.

Para la Sala se trata de “una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que ésta se ha efectuado; incluso aunque tenga lugar de forma automática, ejecutada por el propio sistema, se trata de un mensaje en el que se pone en conocimiento del destinatario que se le ha efectuado una llamada desde un determinado terminal. El sistema de los terminales telefónicos, que cualquiera conoce, funciona así de forma automática proporcionando esa información. De manera que el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación”.

Por ello, concluye que en los casos en los que se efectúe una llamada al teléfono de la persona protegida por la medida o pena de prohibición, y esta no la atienda, "el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación".

La Sala indica que no solo es relevante el incumplimiento de la orden emanada de un órgano jurisdiccional, contenida en una sentencia o en otra resolución firme, como una conducta que atenta al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que también ha de valorarse que el quebrantamiento de la medida o de la pena “supone un ataque a la seguridad y a la tranquilidad de la persona a la que se pretende proteger con la resolución en la que se acuerda la medida o se impone la pena”. Por ello, “la perturbación de su tranquilidad y la amenaza a su seguridad” se aprecia desde el momento en que es consciente de la existencia de la llamada efectuada por aquella otra persona a la que se le ha impuesto una prohibición de comunicación.

El tribunal señala que, cuando existe una prohibición de comunicación, ha de tenerse en cuenta que el propio Código dispone en su artículo 48.3 que impide al penado establecer, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal. En dicho artículo -prosigue la Sala- “no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro”.

martes, 17 de marzo de 2020


El 'bullying' también afecta a la salud mental del 'verdugo'

Un reciente estudio concluye que no solo desarrollan algún tipo de trastorno las personas que reciben el acoso

Una reciente investigación de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia sugiere que existe una relación bidireccional entre el ‘bullying’ y los problemas de salud mental entre los más jóvenes. El estudio ha concluido que no solo desarrollan este tipo de trastornos las personas que reciben el acoso, sino también los verdugos. Además, aquellas personas con peor salud mental son más propensas a acosar a otras.

“Aunque está bien demostrado que el ‘bullying’ está asociado con problemas de salud mental inmediatos y de por vida, ningún estudio hasta la fecha ha examinado la hipótesis de que esta relación pueda ser bidireccional”, ha expresado Marine Azevedo Da Silva, una de las autoras principales de este trabajo que ha sido publicado en la revista científica 'Journal of Adolescent Health'.

Para esta ocasión los investigadores han analizado datos de 13.200 jóvenes de 12 a 17 años de edad en la ‘Population Assessment of Tobacco and Health’ llevada a cabo en Estados Unidos para estudiar la asociación bidireccional entre la perpetración de intimidación y los problemas de internalización, es decir, inseguridad, dependencia, timidez, miedos, inestabilidad del estado de ánimo, obsesiones, etc. Entre los participantes, el 79 por ciento ha asegurado que nunca hizo 'bullying' a otros, el 11 por ciento que sí pero hace más de un año y el 10 por ciento en el último año.

En España, al menos dos menores de cada clase sufren acoso escolar o violencia

Cuando los expertos examinación la relación entre realizar ‘bullying’ y problemas de internalización, hallaron que los jóvenes que reportaron ser los perpetradores del acoso eran más propensos a desarrollar una incidencia de moderada a alta de problemas de salud mental en comparación con aquellos que no habían cometido estas ‘agresiones’ en ningún momento.

Asimismo, encontraron que los adolescentes que habían experimentado problemas de internalización de moderados a altos tenían un mayor riesgo de hacer ‘bullying’ a los demás, en comparación con los que informaron que no tenían o tenían una incidencia baja de problemas de salud mental.

“Nuestros hallazgos indican que las estrategias de prevención e intervención de conductas de ‘bullying’ entre los más jóvenes deben considerar cómo tomar en cuenta y manejar los sentimientos negativos y los problemas de salud mental”, ha indicado por su parte la autora principal del estudio, Silvia Martins, directora de la Unidad de Epidemiología del Abuso de Sustancias del Departamento de Epidemiologia.

El ‘bullying’ en España En nuestro país, al menos dos menores de cada clase sufren acoso escolar o violencia. Se trata de una situación que se ve favorecida por la relación con el entorno digital y la violencia en Internet, según Unicef. Se han registrado un total de 5.500 casos de acoso escolar entre los años 2012 y 2017, según las cifras publicadas del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, la Guardia Civil y seguridad local.

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario. Fuente. Redacción médica

jueves, 5 de marzo de 2020


ACCIONES FORMATIVAS O CURSOS DE ALÉRGENOS y APPCC

Todas las empresas hosteleras y alimentarias tienen la obligación de conocer los diferentes alérgenos mas frecuentes, realizar el etiquetado correcto y facilitar información adecuada el consumidor --Real Decreto Ley 126/2015, de 27 de febrero--, así como velar por la inocuidad de los alimentos dentro de la cadena alimentaria.

En caso de una incidencia por la presencia de un alérgeno en un alimento, las sanciones oscilan entre 5.000 y 600.000 euros, en función de la gravedad de las mismas.

Se trata de un aspecto a considerar muy seriamente, y por ello es muy recomendable que toda la plantilla de la empresa esté debidamente formada, para poder actuar frente a un caso de alergia o intolerancia alimentaria y conocer las diferentes formas de prevención.

Las acciones formativas en estos sectores,  tiene como objetivo formar a los responsables de empresas del sector de la alimentación y hostelería sobre las principales obligaciones de control en materia de Seguridad Alimentaria, relacionando los parámetros de seguridad con los de Calidad, con el fin de obtener una visión conjunta de los beneficios que un adecuado control de la calidad alimentaria proporciona a este tipo de empresas, así como, por supuesto, el conocimiento de los requisitos legales que ello implica.

martes, 3 de marzo de 2020

La Asociación Nacional de Tramitadores Administrativos y Profesionales firma un convenio con EIA Consultoría Asesoría 

Una vez más la entidad EIA Consultoría Asesoría firman un nuevo convenio de Asesoramiento en general y especialmente en la confección de nóminas y documental laboral para empresas, autónomos y pequeños empresarios.

Destacar en este convenio la posibilidad de que los asociados de ANTAP de toda España puedan tener sus nóminas confeccionadas sin tener que tener un departamento dedicado a ellas, eso mismo sucede en formación y atención legal, forense. Aula formativa virtual de EIA Consultoría Asesoría


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Dentro de la habitual actuación de nuestra entidad que trabaja en beneficio de nuestros profesionales asociados damos cuenta de que ANTAP ha ampliado el convenio con EIA Consultoría Asesoría, despacho que pone su servicio laboral a disposición de nuestros asociados con el objetivo de hacer la vida más fácil a nuestros asociados y liberarlos del pesado coste que supone confeccionar las nóminas, contratos y el departamento laboral.

Dicha oferta para los asociados de ANTAP, supone hacerlo a precios especiales para los asociados de nuestra entidad y permitir que nuestros asociados se dediquen a otros departamentos que hoy en su conjunto necesitan de más dedicación debido a las nuevas obligaciones que la administración impone cada día.

Cualquier duda contacten con nosotros y le ayudaremos a que el convenio firmado suponga una mejora sustancial en sus empresas y en sus actividades. Tl 986266151


El convenio supone una mejora de los servicios para los asociados de ANTAP, especialmente en documentos laborales y en los servicios que presta EIA Consultoría Asesoría, tanto a nivel de asesoramiento como en los servicios de formación y sanitarios.