Introducción
En el ámbito judicial, los informes periciales son piezas clave para la toma de decisiones. Sin embargo, no todos los profesionales que poseen un título universitario en áreas como psicología, pedagogía, medicina, trabajo social o logopedia etc, están preparados para elaborar dictámenes con validez forense. La diferencia entre un generalista recién titulado y un especialista formado en el campo legal y forense es sustancial, y debe ser reconocida para evitar que la justicia se apoye en valoraciones incompletas o poco rigurosas.
El papel de los generalistas
Los profesionales generalistas aportan un conocimiento amplio y transversal en sus disciplinas. Son esenciales en la práctica clínica, educativa o social, pero cuando se trasladan al terreno judicial: Carecen de formación específica en derecho procesal y forense. No dominan protocolos de evaluación judicial, como los relativos a incapacidades laborales, responsabilidad civil o valoración de secuelas generales, daños y perjuicios, acoso, o de trafico. Su dictamen puede carecer de validez probatoria, al no estar ajustado a los requisitos legales de objetividad, metodología y ratificación.
Un psicólogo recién egresado, por ejemplo, puede comprender la ansiedad o la depresión en términos clínicos, pero no necesariamente sabe cómo traducir esa información en un informe pericial que cumpla con los estándares exigidos por los tribunales o incluso las pruebas clínicas que se deben llevar a cabo para tales cometidos forenses.
El valor del especialista forense
En contraste, el profesional que ha completado una formación específica en el ámbito forense y legal aporta: Metodología estandarizada: uso de pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas y protocolos reconocidos judicialmente. Conocimiento jurídico: comprensión de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los requisitos de la prueba pericial. Capacidad de ratificación: defensa del dictamen en sede judicial, respondiendo a preguntas de jueces y profesionales actuantes. Credibilidad institucional: su informe no es solo clínico o educativo, sino una prueba técnica con valor procesal.
Este nivel de especialización asegura que las conclusiones sobre incapacidades laborales, secuelas psicológicas o limitaciones educativas tengan un peso real en la decisión judicial.
Riesgos de equiparar ambos perfiles
Otorgar el mismo valor a un informe elaborado por un generalista -profesionales de atención primaria- sin formación forense que a uno realizado por un especialista supone: Debilitar la calidad de la prueba judicial. Generar inseguridad jurídica, al basar sentencias en informes incompletos. Desprestigiar la labor pericial y forense al confundir la práctica clínica o educativa con la práctica forense.
La justicia requiere rigor, y ese rigor solo puede garantizarse con profesionales que han unido su disciplina al conocimiento jurídico y procesal.
Conclusión
El trabajo forense no puede reducirse a la buena voluntad de un generalista titulado. Se necesita formación específica, experiencia y conocimiento del derecho para que un dictamen tenga verdadero valor probatorio. Reconocer esta diferencia es fundamental para proteger la calidad de la justicia y la dignidad de las profesiones implicadas.
En definitiva, la especialización forense convierte al profesional en un verdadero auxiliar de la justicia, mientras que el generalista, sin esa formación, debe limitar su papel a la práctica clínica, educativa o social, sin pretender que su informe tenga el mismo peso en sede judicial.
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