jueves, 30 de octubre de 2025

El método SMART, desarrollado por George T. Doran en 1981, ofrece una herramienta valiosa.



Tricornios en Democracia. José Carlos Piñeiro. Psicólogo Forense y Pte de ANTAP mail josecarlosperiodista@gmail.com 


En el complejo entramado de la seguridad ciudadana democrática, la definición clara de objetivos no es solo una cuestión de eficiencia operativa, sino un imperativo de transparencia y rendición de cuentas. El método SMART, desarrollado por George T. Doran en 1981, ofrece una herramienta valiosa para que las fuerzas de seguridad del Estado establezcan metas que no solo sean operativamente efectivas, sino también democráticamente legítimas.


La Especificidad como Garantía Democrática


El primer criterio del método SMART —la especificidad— cobra especial relevancia en el ámbito policial. Cuando una unidad de la Guardia Civil establece como objetivo "mejorar la seguridad ciudadana", está formulando una meta tan ambigua que resulta imposible de evaluar y, por tanto, de rendir cuentas ante la sociedad.


La transformación democrática de este objetivo requiere especificar el "por qué": ¿se busca reducir la delincuencia común, combatir el narcotráfico, o mejorar la percepción de seguridad? El "dónde": ¿en qué municipios, barrios o carreteras? El "cómo": ¿mediante patrullaje preventivo, investigación criminal, o colaboración ciudadana? Y el "con qué recursos": ¿personal, tecnología, o coordinación interinstitucional?


Esta especificidad no es mero tecnicismo; es la base sobre la que se construye la confianza ciudadana. Un objetivo específico como "reducir en un 15% los delitos contra la propiedad en el casco histórico de Toledo mediante patrullaje nocturno reforzado durante los fines de semana" permite a la ciudadanía comprender exactamente qué se pretende conseguir y con qué medios.


La Medición como Herramienta de Transparencia


El segundo criterio —que los objetivos sean medibles— trasciende la mera cuantificación estadística. En el contexto democrático, medir significa crear mecanismos de verificación ciudadana. Las fuerzas de seguridad no solo deben poder medir sus resultados internamente, sino hacerlo de manera que la sociedad pueda verificar su cumplimiento.


Esto implica establecer indicadores que vayan más allá de las cifras de detenciones o incautaciones. La medición democrática incluye indicadores de calidad del servicio, percepción ciudadana, respeto a los derechos fundamentales, y tiempo de respuesta ante emergencias. Como señala el documento, "cuando dirigimos equipos de personas lo verdaderamente productivo es gestionar incentivos (los 'porqués') y no desempeños (los 'qués')".


Alcanzabilidad y Legitimidad Social


Un objetivo alcanzable en el ámbito policial no es solo aquel que se puede cumplir con los recursos disponibles, sino aquel que cuenta con el respaldo social necesario para su implementación. La alcanzabilidad democrática requiere que las metas policiales sean compatibles con los valores constitucionales y que su consecución no comprometa otros derechos fundamentales.


Por ejemplo, un objetivo de "aumentar las identificaciones policiales en un 200%" podría ser técnicamente alcanzable, pero democráticamente cuestionable si no se enmarca en criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos.


Relevancia Estratégica y Coherencia Institucional


La relevancia de los objetivos policiales debe evaluarse no solo desde la perspectiva operativa, sino desde su alineación con las prioridades democráticas del Estado. Un objetivo relevante es aquel que contribuye efectivamente a la seguridad ciudadana sin erosionar la confianza institucional.


Esta relevancia se manifiesta en la capacidad de las fuerzas de seguridad para adaptar sus objetivos a las necesidades cambiantes de la sociedad, manteniendo siempre el equilibrio entre eficacia operativa y respeto a los principios democráticos.


El Factor Temporal: Urgencia vs. Sostenibilidad


El último criterio SMART —establecer plazos temporales— plantea en el ámbito policial la tensión entre la urgencia de los resultados y la sostenibilidad de las políticas de seguridad. Los objetivos policiales deben equilibrar la necesidad de respuestas inmediatas ante problemas de seguridad con la construcción de estrategias a largo plazo que fortalezcan la convivencia democrática.


Como indica el documento, "un deseo se convierte en un objetivo cuando se le pone fecha". En el contexto policial, esto significa que las estrategias de seguridad deben tener horizontes temporales claros que permitan su evaluación periódica y su ajuste democrático.


Hacia un SMARTER Democrático


La evolución del método hacia SMARTER —incorporando la evaluación y revisión continua— resulta especialmente pertinente para las fuerzas de seguridad democráticas. La evaluación continua permite detectar desviaciones no solo en el cumplimiento de objetivos, sino en el respeto a los principios democráticos durante su ejecución.


La revisión periódica, por su parte, garantiza que las estrategias policiales se adapten a los cambios sociales y a las nuevas demandas ciudadanas, manteniendo siempre la legitimidad democrática como criterio rector.


Conclusión: Objetivos Inteligentes para una Policía Democrática


La aplicación del método SMART en las fuerzas de seguridad del Estado no es solo una cuestión de mejora en la gestión, sino un ejercicio de fortalecimiento democrático. Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente definidos contribuyen a crear fuerzas de seguridad más eficaces y, sobre todo, más legítimas ante la ciudadanía.


En una democracia madura, la eficacia policial y la transparencia democrática no son objetivos contradictorios, sino complementarios. El método SMART ofrece una vía para conseguir ambos, transformando la gestión policial en un ejercicio de responsabilidad democrática que fortalece tanto la seguridad ciudadana como la confianza institucional.


Como sostiene esta teoría, "estamos motivados cuando dotamos de sentido nuestra actividad". Para las fuerzas de seguridad democráticas, ese sentido se encuentra en la protección de la ciudadanía y la defensa de los valores constitucionales, objetivos que, formulados de manera SMART, se convierten en la brújula de una actuación policial verdaderamente democrática.


domingo, 26 de octubre de 2025

Las pruebas y la ciencia. Un camino que asegura la legalidad y la legitimidad en la justicia.



































Autor. José Carlos Piñeiro, Docente Centro Formación ANTAP y Responsable de la comisión legal y Forense CLFM Centro Formación ANTAP

Desde la Comisión Jurídica Legal y Forense de ANTAP, llevamos años apostando por las resoluciones judiciales basadas en pruebas y no en grandes discursos en los foros, en cambios fundamentales uniendo la ciencia a la justicia y sobre todo apostamos por el derecho humano a la defensa de uno mismo, eliminando trabas e intermediarios que limitan los accesos a la justicia.No buscamos sentencias grandilocuentes, sino resoluciones justas. No queremos foros llenos de palabras, sino salas llenas de pruebas. No aspiramos a prestigio vacío, sino a legitimidad construida sobre hechos. La CJLM de ANTAP es la voz de quienes creen que la justicia no se declama: se demuestra.

Unir la ciencia al derecho, significa aportar pruebas a la justicia para que ésta sea justa y legítima.Una justicia que funcione, no que impresione.

Transformación del Rol del Perito Judicial bajo la Ley 1/2025.

La Ley Orgánica 1/2025 marca un antes y un después en la integración de la ciencia en los procesos judiciales. Esta reforma refuerza el papel del perito como agente técnico clave en la resolución de controversias, tanto judiciales como extrajudiciales. Los principales ejes de cambio incluyen:

  • Participación activa en los MASC (Mediación, Arbitraje y Negociación)
  • Exigencia de formación técnica y jurídica acreditada
  • Digitalización de la actividad pericial
  • Protección y regulación de honorarios
  • Reconocimiento procesal en leyes clave como la LEC, LECRIM y la jurisdicción contencioso-administrativa

Esta evolución posiciona al perito como puente entre el conocimiento científico y la justicia, con nuevas oportunidades profesionales y responsabilidades.

Artículo 1: El Perito en los MASC – Mediación, Arbitraje y Negociación

La Ley 1/2025 establece que en muchos procedimientos civiles y mercantiles es obligatorio intentar resolver el conflicto fuera del juzgado. Aquí, el perito puede actuar como:

  • Asesor técnico imparcial en mediaciones y negociaciones
  • Árbitro técnico independiente si las partes lo aceptan
  • Facilitador de acuerdos mediante dictámenes previos

Este cambio abre una vía profesional extrajudicial donde el conocimiento técnico se convierte en herramienta de resolución.

Artículo 2: Titulación y Acreditación Técnica Obligatoria

La nueva normativa exige que los peritos cuenten con:

  • Formación técnica en su especialidad
  • Conocimientos jurídicos básicos
  • Certificaciones válidas para actuar en MASC

Esto impulsa la profesionalización del sector y la creación de programas formativos específicos, como los ofrecidos por ANTAP, dentro de sus planes de formación incluidos en su centro de formación y su comisión Jurídico Legal y Forense.

Artículo 3: Digitalización del Sistema Judicial

La Ley 1/2025 promueve la modernización del entorno judicial:

  • Informes periciales en PDF con firma digital
  • Ratificaciones por videoconferencia (especialmente en casos sensibles)
  • Comunicaciones electrónicas con juzgados

Esto permite al perito trabajar desde cualquier lugar, agilizando procesos y reduciendo desplazamientos.

Artículo 4: Provisión de Fondos y Protección de Honorarios

Se introducen garantías para que el perito cobre por su trabajo:

  • Posibilidad de exigir provisión de fondos antes de emitir el informe
  • Derecho a impugnar costas si los honorarios no son reconocidos
  • Obligación de justificar detalladamente la minuta

Además, se regula la impugnación de honorarios excesivos y se permite solicitar exoneración si hubo propuesta extrajudicial rechazada.

Artículo 5: Reconocimiento Legal en Reformas Procesales

La figura del perito se menciona explícitamente en reformas de:

  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM): orden de lectura de listas de peritos
  • Jurisdicción Contencioso-Administrativa: inclusión de informes periciales en actas
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): pago de honorarios, impugnación de costas, y regulación de propuestas en MASC

Esto consolida su papel técnico en el proceso judicial y garantiza su visibilidad en las decisiones procesales.

Para concluir Ya.  Ciencia, técnica y derecho: una alianza necesaria.

La justicia del siglo XXI no puede permitirse ignorar el conocimiento experto. Por eso, ANTAP impulsa: La formación continua de peritos, tramitadores y juristas en entornos de colaboración. La mediación técnica como vía preferente de resolución de conflictos. La estandarización de informes periciales con criterios de calidad y trazabilidad. La defensa de la independencia técnica frente a presiones procesales o institucionales

domingo, 5 de octubre de 2025

Comision de la Verdad.Operación Columna y, "Regeneración Democrática".





“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.”Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

Autor: José Carlos Piñeiro. "UMDVERDE". Guardia Civil Democrático y ponente en las Jornadas de la Universidad de Málaga

UMDVERDE: La voz democrática dentro de la Guardia Civil

“Después de 40 años, en la Guardia Civil siguen queriéndome comer vivo.” Estas palabras del cabo Manuel Rosa, uno de los fundadores de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), resumen el dolor y la dignidad de una lucha que ha durado décadas. Los llamados guardias civiles democráticos, agrupados en el movimiento UMDVERDE, no solo desafiaron el autoritarismo interno del cuerpo armado, sino que también se convirtieron en símbolos de resistencia constitucional.

 El origen de la lucha

Durante la Transición española, cuando el país comenzaba a construir su democracia, un grupo de agentes de la Guardia Civil decidió que era hora de que los derechos fundamentales también se respetaran dentro de los cuarteles. Querían ejercer la libertad de asociación, defender los derechos humanos y someterse plenamente a la legalidad civil. Su delito: pensar, asociarse y exigir dignidad.

La respuesta del Estado fue brutal. Bajo el gobierno de Felipe González, se lanzó la llamada Operación Columna, una campaña de represión que incluyó detenciones arbitrarias, internamientos psiquiátricos y expulsiones. Muchos fueron acusados de “epidemia constitucional” por querer formar asociaciones profesionales. El cabo Rosa pasó casi diez años en prisión, creando lo que se conoce como el "Gulap" del régimen felipista; por donde pasaban guardias civiles sin patología alguna, ingresados por la fuerza y sin diagnóstico facultativo.

Justicia tardía

En 1990, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los agentes a asociarse profesionalmente. En 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la persecución sufrida por estos guardias. Sin embargo, como denuncian los propios protagonistas, la rehabilitación oficial no ha borrado las heridas ni ha garantizado justicia plena. Sentencia sin ejecutarse al día de hoy al igual que la del alto tribunal Europeo de Derechos humanos, una muestra evidente de cómo funciona la justicia en España. Tendrás tanta justica como dinero tengas para pagarla o poder para abusar de él.

Lo que dicen hoy

En actos conmemorativos como el celebrado en la Universidad de Málaga por el 40º aniversario de la legalización del sindicalismo en el Cuerpo Nacional de Policía, los UMDVERDES siguen alzando la voz. Hablan del pasado con dolor, del presente con crítica y del futuro con esperanza. Denuncian que aún existen resistencias internas a la democratización del cuerpo, y que muchos siguen siendo marginados por haber defendido la Constitución.

“No queremos privilegios, queremos justicia. Queremos que se reconozca que lo que hicimos fue defender la legalidad, no atacarla.”

Un legado que sigue vivo.

Hoy, los UMDVERDES representan una memoria incómoda pero necesaria. Son la prueba de que incluso dentro de las instituciones más rígidas puede surgir la semilla del cambio. Su lucha no fue solo por ellos, sino por todos los ciudadanos que creen en una democracia real, también dentro de los cuerpos de seguridad.

Para terminar Ya. Los UMEDVERDES no sólo se levantaron para poner fin a la  carencia de derechos democráticos en la Institución, sino para, poner coto y dar cuenta a la sociedad de las graves actuaciones delictuales que parte importante de nuestra casta política venía llevando a cabo. La Operación columna y los ingresos forzosos en los psiquiátricos de cientos….etc de guardias civiles tuvo como objetivo acabar con las acciones profesionales y de obligación legal de perseguir al corrupto y al delincuente se llamara como se llamará e incluso si eran políticos activos e importantes que sólo estaban ejerciendo para saquear el estado y a los ciudadanos españoles. Para comprobarlo no tienen más que echar una mirada dentro y fuera de España, los autores de la ruina de nuestro país, están señalados claramente sin que la justicia los persiga ni los investigue. Siempre pagan los mimos, el resto viven como los reyes, viendo a la justicia como su patrimonio personal.