miércoles, 1 de abril de 2020

Resumen de medidas aprobadas 



Principales medidas aprobadas este martes

Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio. También se amplía la moratoria a los autónomos

Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del COVID-19, estén en situación de desempleo por un ERTE,s o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.

Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez.

Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. El Ejecutivo ha aprobado además que en caso de viajes combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución del dinero abonado. Otras empresas, como hoteles, tendrán 60 días para ofrecer una alternativa, y en caso de no hacerlo o no ser aceptada por el cliente este tendrá derecho a reembolso.

condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos... Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.

Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.

 Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.

Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.

Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la  publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube. - Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.

Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.

Subsidio desempleo excepcional: En el caso de los trabajadores que tuviesen un contrato temporal (de al menos de dos meses de duración) y que se haya rescindido con motivo de la emergencia sanitaria, sin que tengan cotización suficiente acumulada como para acceder a la prestación contributiva de desempleo, el Gobierno ha puesto en marcha un subsidio extraordinario, equivalente al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), en la práctica unos 440 euros mensuales. Dicha ayuda «excepcional» es incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier administración pública, así como con cualquier subsidio de desempleo. Tendrá una duración de un mes, ampliable.

Ayudas que ya fueron aprobadas en otros consejos de Ministros.

Refuerzo servicios sociales: 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.

Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.

Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividades sociales relacionados con el coronavirus.


Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.

Aplazamiento deudas con Hacienda: Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.

La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.

Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.

Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.

Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.

Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

No podrán solicitar la moratoria las empresas exoneradas de las cuotas sociales a través de un ERTE de fuerza mayor Por otra parte, para los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por la aplicación del decreto de estado de alarma y se les reconozca el derecho al cese de actividad desde marzo.

Supresión de recargos El Gobierno cede y aplaza las cuotas sociales a pymes y autónomos se han suprimido los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, esos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria aprobada hace dos semanas (661 euros mínimos mensuales), que incluye también la exención de las cotizaciones.

Comparativa Europea

Francia y Reino Unido son los países que más carga están quitando a los trabajadores autónomos. Por una parte, el país vecino ha aprobado la suspensión de las cotizaciones de la cuota del mes de marzo y de los impuestos para pymes y autónomos. Además de la suspensión del alquiler a aquellas pymes que estén pasando dificultades, así como facturas de luz, gas y electricidad.

Reino Unido anunció que pagará el 80% de las ganancias mensuales, hasta un límite de 2.500 libras, a los autónomos que se vean afectados por la pandemia.

Desplazamientos en auto o andando

Desde el domingo hay que llevar un certificado de la empresa para acreditar el desplazamiento al lugar de trabajo. Puede ser requerido por cualquier Agente de la autoridad. Se trata de una declaración responsable que tendrá que entregar la empresa a sus trabajadores en la que se indique que el portador del documento puede realizar desplazamientos relacionados con su trabajo.





martes, 31 de marzo de 2020

EMITIENDO COMUNICADO SOBRE AYUDAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN AYUDAR EN ESTA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO MOTIVADA AL COVI-19..


Con motivo de la situación que se nos ha presentado que nos obliga al cierre de empresas, negocios, pymes y autónomos, para evitar la extensión del virus, la administración hay publicado una serie de ayudas y normas que es conveniente que las demos a conocer para que todos aquellos que les sean de su interés puedan tramitar y que les sirvan de ayuda para paliar la situación económica que sin lugar a dudas va ser complicada para muchas personas. Dejamos el enlace para que puedan leer Guías y Procedimientos para tramitar ayudas.

domingo, 29 de marzo de 2020

El Gobierno ha aprobado este domingo en Consejo de Ministros extraordinario el real decreto ley por el que se regula el permiso extraordinario anunciado el sábado por el Presidente del Gobierno



Consejo de Ministros de forma extraordinaria hoy domingo ha aprobado la suspensión de las actividades no esenciales durante dos semanas a partir de este lunes, 30 de marzo,  el real decreto ley 10/2020 , con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

En el texto del Real Decreto  se detalla la relación de sectores que NO podrán acogerse a este permiso, y los que SÍ podrán hacerlo al verse englobados dentro de los sectores no esenciales.

Las personas y sectores que no se podrán acoger a este permiso serán los siguientes, según consta el redactado de esta norma:

1. Los trabajadores en las actividades que deban continuar realizándose al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la emergencia del coronavirus, y de "la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas".

2. Las personas trabajadoras en las actividades que participan en la "cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud".  Detalla que la distribución debe garantizarse "desde el origen hasta el destino final".

3. Los trabajadores de actividades de hostelería y restauración que cuentan con servicios de entrega a domicilio.

4. Los trabajadores de todas las actividades productivas del sector industrial manufacturero. En especial las del sector químico, los sectores de fabricación de medicamentos y farmacia, del sector de la alimentación y bebidas, los subsectores del textil, el vidrio, el tabaco, los productores de bienes de equipo y los sectores de la cadena de valor de fabricación de todo tipo de tecnología sanitaria; los sectores de producción de pasta, papel, cartón o celulosa, así como aquellas otras actividades conexas que ofrezcan los suministros, equipos, materiales, materias primas o servicios profesionales necesarios.
5. Las personas trabajadoras en el sector de los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma. También las que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello.

6. Los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal que presta servicios en Instituciones Penitenciarias y al personal de los servicios de protección civil, salvamento y extinción de incendios, así como tráfico y seguridad vial.

7. Todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas.

8. Los trabajadores de empresas de seguridad privada que presta servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, pero también "aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población".

9. Las personas trabajadoras de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, las que atiendan mayores, personas dependientes o personas con discapacidad. También las que trabajen en empresas, entidades y centros de investigación en los que se estén desarrollando proyectos relacionados con el Covid-19 y otras enfermedades que implique ensayos clínicos y pruebas de concepto. Se incluyen los animalarios asociados y los prestadores de servicios y suministros.

10. Las personas empleadas del hogar y cuidadoras.

11. Los trabajadores que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, también en su impresión o distribución.

12. Los trabajadores de empresas de servicios financieros y de seguros.

13. Los trabajadores de la industria electrointensiva, siderúrgica y altos hornos y minera. También quienes trabajen en la producción y suministro de servicios de calefacción o aire acondicionado "de forma centralizada para múltiples centros de consumo".

14. Los trabajadores de empresas dedicadas a la fabricación de baterías de plomo, así como "cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios".

15. Las personas que trabajan en plantas con ciclo de producción continuo o cuya interrupción pueda ocasionar daños graves, sea en la propia instalación o generando peligro de accidentes.

16. Las personas trabajadoras de la industria aeroespacial y de defensa, así como "otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional".

17. Los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones y de servicios informáticos esenciales. En las entidades pertenecientes al Sector Público, además, "tendrán la consideración de servicios informáticos esenciales aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos".

18. Las personas trabajadoras de empresas servicios esenciales relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

19. Los trabajadores que presten servicios en actividades necesarias para la gestión y abono de las prestaciones públicas, subsidios y ayudas legal y reglamentariamente establecidas y el funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social.

20. Los trabajadores que presten servicios en "gestorías administrativas y de graduados sociales, asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y, en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal, empresarial y socio-laboral o a la defensa de los intereses de las personas consumidoras".

21. Los trabajadores al servicio de las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

22. Las autoridades civiles responsables de la salud pública y los empleados que presten servicios en dicho ámbito, así como aquellos otros relacionados directa o indirectamente con la gestión de la emergencia sanitaria.

23. Los trabajadores de los servicios funerarios, también de la construcción de nichos y otras actividades conexas.

24. Los trabajadores que presten servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, pero también de residuos sólidos urbanos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y retirada de animales muertos.

25. Las personas trabajadoras en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, así como en las entidades "públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria".

26. Quienes participen en la prestación de servicios que hayan sido declarados o se puedan declarar esenciales por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

27. Los operadores designados por el Estado para prestar el servicio postal universal, lo que incluye los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega.

28. Los trabajadores en gestión y explotación de autopistas de peaje, incluidas las estaciones y áreas de servicio que se encuentren en las mismas.

29. Las personas trabajadoras en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

30. Los trabajadores dedicados a la provisión de servicios meteorológicos "incluidos los servicios de mantenimiento y vigilancia, control de procesos operativos vinculados a los servicios meteorológicos, procesos de predicción meteorológica y proceso de observación aeronáutica y observación/predicción en defensa".

31. Además, "tendrán la consideración de servicio esencial" la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, cuando ello sea imprescindible, "para garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos".

32. Los trabajadores que presten servicios presenciales imprescindibles para el despacho aduanero, "los de vigilancia aduanera y los realizados para el desempeño de los servicios críticos necesarios para la aplicación del sistema tributario".

33. Los trabajadores que prestan servicios en sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, "como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios".

34. Las personas trabajadoras que prestan servicios en operadores logísticos e industrias textiles u otras, dedicadas o reconvertidas a la fabricación o importación de material sanitario.

35. Quienes trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

36. A las personas que presten los servicios mínimos necesarios para el mantenimiento y conservación de las instalaciones que paralicen su actividad durante este periodo.


37. Los trabajadores que ya estén prestando servicios a distancia, "salvo pacto en contrario entre el empleador y la representación legal de las personas trabajadoras a través de la negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras".

38. Las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días de vigencia del permiso, así como aquellas otras cuyo contrato "esté suspendido por otras causas legalmente previstas".

39. Además, tendrán consideración de servicio esencial la actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas trabajadoras.

40. Por último, el real decreto recoge como excepciones las actividades realizadas por empresas "dirigidas a salvaguardar la seguridad de las personas y el medioambiente, la sanidad animal, la seguridad de las minas, prevención y extinción de incendios, así como las dirigidas a la búsqueda y rescate de personas."


viernes, 27 de marzo de 2020



INFORMACIÓN DE INTERÉS "SEPE" Y VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INTERÉS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES





El SEPE sigue trabajando desde las oficinas para tramitar las solicitudes reforzando los medios de atención no presencial.

Información para personas afectadas por ERTEs: suspensiones temporales de contratos y reducciones temporales de jornada

•   Todas las personas trabajadoras afectadas por un ERTE ocasionado por el COVID-19 tendrán derecho al reconocimiento de la prestación por desempleo, aunque no hayan cotizado el período mínimo necesario para ello.

•   Las personas afectadas por un ERTE de este tipo NO TIENEN QUE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE PARA SOLICITAR SU PRESTACIÓN ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

•   Son las EMPRESAS que han presentado un ERTE por dichas causas las que harán la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo en nombre de todos los trabajadores afectados ante el SEPE.  Lo único que tiene que hacer el trabajador es autorizar a su empresa para que envíe sus datos al SEPE.

•   El SEPE ha articulado un procedimiento específico para que las empresas (directamente o a través de sus asesorías) comuniquen los datos de cada trabajador afectado por el ERTE.

•   Se ha puesto a disposición de las empresas una plantilla para el envío de la información de los trabajadores por cada uno de los centros de trabajo. Esta plantilla se puede descargar desde  el sitio   http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html.

•   Los trabajadores no deben dirigirse al SEPE para consultar el estado de su expediente ni para ninguna otra gestión. El reconocimiento de las prestaciones va a ser automático, aunque, con el volumen de expedientes previsto, el pago de las  prestaciones puede demorarse. Desde el SEPE trabajan para que ese tiempo sea lo menor posible.

Información para personas en situación de desempleo no afectadas por un ERTE

Deberán presentar su solicitud de prestación ante el SEPE. En este momento se puede presentar solicitud al SEPE a través de UNA de las vías siguientes:
•   Puede realizarse el trámite por vía telemática en la sede electrónica si se dispone de DNI electrónico, certificado digital o cl@ve.

•   Se puede contactar con el SEPE a través del servició de atención telefónica. El elevado número de llamadas hace que se produzca una saturación de las líneas en algunos momentos, pese a haberse ampliado el horario de atención.

•   Está disponible un formulario de pre-solicitud disponible durante el periodo de vigencia de las medidas extraordinarias COVID- 19. Este formulario NO ES DE APLICACIÓN SI LA PERSONA ESTÁ AFECTADA POR UN ERTE.

OTRA INFORMACIÓN GENERAL:

•   Toda la información sobre las medidas que se van poniendo en marcha ante el COVID- 19 está en la web del SEPE y en nuestras redes sociales.

•   El SEPE, junto a las CC.AA. está impulsando medidas para asegurar la inscripción como demandante de empleo. Todos los Servicios Públicos de Empleo autonómicos permiten la inscripción de demanda por medios no presenciales y no se tienen que renovar las demandas (“sellar el paro”), permaneciendo en alta

•   Se recuerda que los plazos están suspendidos, que no corren y que no se perderán días de derecho por presentar la solicitud fuera de plazo.

•   En los subsidios, no se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, manteniéndose el pago del mismo transcurridos los 6 meses de plazo.

•   En el subsidio para trabajadores mayores de 52 años, no se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la falta de presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR).


viernes, 20 de marzo de 2020

Prestación por cese de actividad por Covid-19

El pasado 18 de marzo, se publicó en el BOE, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual establece en su artículo 17 una prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos:

“1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, Enlace a la resolución oficial de la TTSS para autónomos etc.

jueves, 19 de marzo de 2020


La pérdida de la nacionalidad española


Independientemente de cómo se haya obtenido la nacionalidad española, existen diferentes motivos por los que se puede romper ese vínculo entre persona y Estado. Algunas de estas causas tienen carácter general, es decir, que afectan a todos los ciudadanos españoles de igual manera y se encuentran determinadas en el artículo 24 del Código Civil. Por otro lado, hay otras que solamente son aplicables a españoles no originarios, cuya regulación se establece en el artículo 25 del CC.

La pérdida de la nacionalidad española aparece regulada en los artículo 24 y 25 del CC.

El artículo 24 en su apartado 1 expresa que perderán la nacionalidad española:

    1. Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, renuncien voluntaria y expresamente a la nacionalidad española.
   2. Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuviese atribuida antes de la emancipación.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no implican en este caso la pérdida de la nacionalidad española de origen. 
La pérdida se producirá una vez transcurridos tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o emancipación, a no ser que el interesado declare en ese plazo que desea conservar la nacionalidad española.
    3. Los españoles mayores de edad nacidos en el extranjero de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, cuando las leyes del país de residencia les atribuya su nacionalidad. También podrán evitar perderla, si en el plazo de 3 años desde su mayoría de edad o emancipación declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil.
Respecto de este apartado 3º del artículo 24 del CC, destacamos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Nº 696/2019, Rec. 3326/2017, de 19 de diciembre de 2019, en la que resuelve un recurso de casación sobre la interpretación este artículo que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

La demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 ;CC.

El Pleno de la Sala tiene en cuenta la finalidad del art. 24.3 ;CC, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España.
Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española.

La pérdida de la nacionalidad se produce «ex lege» si no se realiza esa declaración. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.

En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3 ;CC. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte.

La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español.

Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la DGRN y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.

El artículo 25 del Código Civil introduce dos supuestos más, en este caso para los que no sean españoles de origen:
  • Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
  • Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
También aparece la posibilidad de la nulidad de la nacionalidad, en los casos en que una sentencia firme la declare en base a que el interesado haya incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española. La acción de nulidad deberá ejercitarla el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de una denuncia, en un plazo de quince días. La declaración de nulidad no producirá efectos perjudiciales para los terceros de buena fe.

Aspectos más destacados en la pérdida de la nacionalidad española

- La pérdida de la nacionalidad se regula en los artículos 24 y 25 del Código Civil.
- Los motivos que acarrean la pérdida de la nacionalidad son diferentes para españoles de origen y para españoles no originarios.
- La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no implican en este caso la pérdida de la nacionalidad española de origen. 
- Se puede producir la nulidad de la nacionalidad mediante sentencia firme, en los casos de falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Jurisprudencia sobre la pérdida de la nacionalidad española
Nos encontramos con una denegación de la obtención de la nacionalidad, basada en la pérdida de la nacionalidad de la abuela de la solicitante. Esta se basa en el derecho que se les reconoce a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. El caso es que, dicha señora, lo perdió 5 años antes del inicio de la guerra al contraer matrimonio con un ciudadano extranjero. Tampoco se acredita que hubiera recuperado la nacionalidad, ya que, aunque se ampara en la Disposición Transitoria de la ley 14/1975 que permite a la mujer que perdió la nacionalidad por razón de matrimonio recuperarla, no se observa voluntad para ello, ya que no acude ante el encargado del Registro Civil del lugar de su residencia para que haga la inscripción correspondiente y renuncie a la extranjera. Por ello, no se le puede reconocer el derecho establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 de 24 de diciembre.
Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 ;CC. La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.