Profesor
universitario desde 300 euros
Yolanda
Lifante, a punto de cumplir 50, es profesora asociada
universitaria. Estudió arquitectura y tiene dos tesis doctorales.
Una de ellas versa sobre creatividad pedagógica en ingeniería. Es un tema
inédito, por el que la Universidad de Barcelona le ha planteado que coordine un
máster y que le ha permitido acudir a numerosos congresos de ponente. Pese a su
amplio currículo y sus 14 años impartiendo seis clases semanales de dibujo
técnico en la Universidad de Valencia (UV), gana 549 euros netos al mes. Y no
tiene plaza fija. Es más, si se presentara a un proceso de selección no tendría
muchas posibilidades. Los de su categoría, los asociados, tienen complicado
figurar en las investigaciones, que dan muchos puntos. Sobre todo si, como es
su caso, la docencia le ha absorbido todo su tiempo. "La acreditación
[llevan 10 años denegándosela] se vuelve un imposible sin artículos publicados
y sin investigación. Es la pescadilla que se muerde la cola", lamenta. Así
que complementa su sueldo con clases particulares y, en los momentos más
difíciles de la crisis, limpió casas para llegar a fin de mes. Sus compañeros
de la UV -unos 1.300 asociados, el 30% de la plantilla- llevan desde el 29 de
enero en huelga indefinida, casi dos semanas. Ella acaba de volver al aula:
"Necesito el sueldo para mantener a mis hijos".
Los asociados - 22.871 profesores en
España, el 23,6% de la plantilla en el curso 2016-17 y en incremento desde que
empezó la crisis- son el último eslabón de la cadena de precariedad de las Universidad pública
española, en la que hay "profesores pobres", según la
definición del presidente de los rectores, Roberto Fernández. Las universidades
han perdido un 27,7% de la inversión pública durante la crisis hasta 5.789
millones y durante cinco años tuvieron prohibido sustituir a todos profesores
que se jubilaban. Los asociados, legalizados desde 1983 como profesionales de
reconocido prestigio a los que fichar de forma temporal para contar con su
experiencia, se han convertido en muchos casos en mano de obra barata para
cubrir vacantes durante años y años.
A día de hoy, es imposible
saber cuántos de los casi 23.000 asociados existentes cumplen las condiciones
que fijan para ellos la ley y cuáles no. Sindicatos como CC OO estima que son
la mitad. La conferencia de rectores españoles, la CRUE, que anuncia un informe
para detectarlos, augura que son casos minoritarios. Sí se sabe que hay parte
-los llamados falsos asociados- que ni siquiera tienen un trabajo fuera y se
dan de alta como autónomos para poder estar en la universidad. Y otros que
encadenan contratos desde hace lustros o décadas, que cambian de asignaturas de
forma habitual y que realizan casi la misma labor que un docente universitario
de plantilla por tres o cuatro veces menos sueldo.
Tres
historias
Alicia Martí (39 años),
Pablo Lluch (37) y Anna Diaz (32) son o han sido profesores asociados de la
Universitat de València o de otros campus valencianos y cuentan su experiencia.
Como el resto de compañeros reivindican una mejora salarial y profesional para
su colectivo. “ Al final estamos haciendo mucha más faena de la que nos
corresponde. Y ni nos pagan por ello ni tampoco nos lo reconocen”, denuncia
Martí, titular de una plaza de Secundaria.
“Cuando acabé la carrera no fui
becaria de investigación por dos décimas y mi vida cambió porque quería hacer
carrera universitaria. Acabé de asociada para ir acumulando ciencia
universitaria para cuando haga la tesis y quiera acreditarme”, explica Díaz,
que ha dejado las clases en la Universidad.Jaume I de Castellón. Lluch es
profesor de Primaria y asociado por pura vocación. "Estoy en huelga porque
creo que la Universidad podría pagar o reconocernos más”.
Su realidad, y sus nóminas,
varían de una comunidad a otra, de un campus a otro. Imparten entre tres y seis
horas semanales de clase (y otras tantas en tutorías) y cobran desde cerca de
300 euros a una media de 600, a los que algunos convenios suman suplementos por
antigüedad o por doctorado. El Parlamento Europeo ha llamado la atención a
España por este asunto. En octubre comparecieron en Bruselas varios asociados
de la UV. Los parlamentarios consideraron que "existen motivos para
determinar que hay una discriminación" y recriminaron que las prórrogas de
contratos -renuevan por cuatrimestres, cada año o cada tres- "no se pueden
usar para cubrir necesidades estructurales y permanentes". En algunas
universidades, como en la UV, los afectados están en pie de guerra
y en otras, donde ya hubo manifestaciones cuando empezaron los recortes, se lo
están planteando.
"Cuando vi la nómina por primera
vez me sorprendí pero siempre está la promesa de hacer la tesis y ves que puede
ser un lugar de futuro. Y te quedas, inviertes, investigas, van pasando los
años, terminas la tesis y te das cuenta que ese puesto de trabajo,
transcurridos los años, aún no ha llegado". Inés García López, de 41 años,
filóloga, lleva 11 de asociada en la Universidad de Barcelona
(UB). No tiene un trabajo fijo fuera. "Me di cuenta de que hay
muchas personas como yo, con trabajo fuera pero que acaban dependiendo del
número de asignaturas que dan en la universidad". Da dos asignaturas y
cobra 380 euros al mes. En los últimos tiempos, al margen de su puesto de
asociada universitaria, ha hecho una sustitución en una escuela oficial durante
unos meses y da clases de alemán en un colegio.
Leyes
“cada vez más laxas”
“Las leyes que regulan el
profesorado universitario han sido cada vez más laxas con la presencia de
personal contratado", señala el citado informe del Observatorio del
Sistema Universitario. El asociado aparece en la ley universitaria de 1983 como
una figura temporal entre “especialistas de reconocida competencia que
desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad”. No
podían superar el 20% de los catedráticos y profesores titulares, un 30% en las
politécnicas. En 2002, la LOU permitió que los contratados —donde están
asociados, pero no solo— lleguen al 49% del total. La LOMLOU (2007), amplió
computando “en equivalencias a tiempo completo”, es decir, varios asociados
cuentan como uno solo en función de las horas que impartan.
Un portavoz del Ministerio de
Educación, que en 2012 aprobó el decreto que impedía reponer a funcionarios,
señala que “es un asunto que preocupa al ministerio y del que no es ajeno, pese
a que atañe a las Universidades dentro de su autonomía”. Están “en
conversaciones con la CRUE para tratar de buscar una solución jurídica a estas
personas". No aclara si prevé algún cambio en la normativa, como le
reclaman los rectores. Ni si comparte que la Universidad está infrafinanciada,
como también denuncian los rectores.
En 2011, con los recortes,
nació la Plataforma de Professors Associats de la UB, de la que ella forma
parte, igual que del sindicato CGT. "Cuando empezamos a conocernos y a
compartir nuestras historias, fuimos conscientes de que esto no podía ser:
hacer carrera académica, compatibilizándolo con otros trabajos y con unos
sueldos indignos. Cogíamos nuestras nóminas, nos íbamos a las Ramblas y las
enseñábamos para que la gente supiera cuánto estaba cobrando realmente un
profesor universitario. Dábamos cifras: pues si hay 5.000 profesores en la UB,
más de 2.000 estamos cobrando como mucho 480 o 500 euros. Tuvimos que armar
escándalo". Se coordinaron con la Universidad Autónoma de Barcelona y
entraron como candidatura en el comité de empresa. Casi cada año desde 2011 hay
movilizaciones, huelga o asambleas. El próximo 14 de febrero se reúnen en la UB
para decidir nuevas protestas.
Asignaturas
nuevas
"Damos lo que sobra".
Carlos Peláez, de 51 años, es asociado de la Universidad Complutense de
Madrid desde hace 10. Allí también existe una plataforma de
asociados. Es educador social y antropólogo. Con "lo que sobra" se
refiere a que los asociados son los últimos en elegir asignatura en las
facultades. Aunque la idea original de esta figura era que impartieran una
materia de forma temporal en la que son especialistas, la realidad es que en
muchos casos, se quedan con las que nadie quiere en el departamento.
"Todos los años tengo asignaturas nuevas que no he hecho nunca". Este
curso, por ejemplo, cubre Animación Sociocultural. La materia no le es ajena,
pero su especialidad es otra: "Soy experto en inmigración, pero no puedo
coger esas asignaturas". Cobra entre 500 y 600 euros al mes -"después
de impuestos", añade- por seis horas semanales de clase y otras seis de
tutoría. Vive de su trabajo como consultor mientras dedica media jornada diaria
al puesto en la universidad, un contrato que caduca cada tres años y debe
volver a renovar. ¿Por qué sigue? "El mundo académico me gusta, investigo
muy a gusto con mis compañeros, que me cuidan mucho. Y me encanta la relación
con los alumnos".
La
responsabilidad de la Universidad
“Es importante tener
presente que, como hemos visto, la opción por el profesorado asociado como vía
de entrada a la universidad no es un recurso puntual en un momento de
restricciones. Se adoptó y se ha ido manteniendo en momentos de crecimiento
económico décadas atrás”. Así lo refleja un informe reciente del Observatorio
del Sistema Universitario sobre el profesorado en Cataluña, cuyas conclusiones
son extrapolables al resto de España.
“La crisis ha afectado de manera muy
perversa a la Universidad”, añade la responsable de Universidad e Investigación
de CC OO, Encina González. Destaca la actuación del Gobierno del PP —con un
decreto que impidió cubrir los puestos de los profesores jubilados— y de las
comunidades autónomas, que han ido rebajando en distinta medida su aportación,
que supone casi el 95% de la financiación pública de los campus. Considera la
responsabilidad de las universidades es que, a pesar de las limitaciones,
“podían haber usado figuras algo más estables” para suplir puestos “y no solo
precarios contratados en algunos casos por cuatrimestres”.
“Mi percepción es que los falsos
asociados, los que se dan de alta como autónomos solo para cubrir el requisito
legal y tienen la universidad como trabajo fundamental, son minoría”, estima
Carlos Andradas, rector de la Complutense y responsable de asuntos académicos
de la conferencia de rectores españoles, la CRUE. La conferencia está
elaborando un informe para cuantificar la situación de los falsos asociados.
Andradas distingue entre estos y la mala situación económica de los asociados y
otros docentes. “Es un problema diferente. Si nos referimos a si están bien
retribuidos, desde luego que no lo están”. Defiende “dignificar los salarios de
quienes se dedican a la academia”. Pero pide que, en esa reivindicación, se
preserve la figura del asociado: “Es fundamental tener profesionales en la
docencia: Periodistas, abogados, profesores, artistas, economistas, …”.
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