Baremos de Indemnizaciones para accidentes de circulación vial.

Las personas que sufren daños y perjuicios en accidentes de tráfico tienen derecho a reclamar indemnizaciones. El foco de la determinación de quién paga las indemnizaciones es la responsabilidad en el accidente y las condiciones en las que ocurrió.

Los tipos y las cuantías se determinan en función de las lesiones personales, gastos médicos, pérdidas de ingresos y roturas del vehículo y de objetos.

El baremo de tráfico que acompaña a la ley 35/2015, de 22 de septiembre, y que se actualiza todos los años, determina qué y cuánto corresponde reclamar en cada caso.

Es muy importante buscar el asesoramiento de profesionales especialistas en accidentes de tráfico. El profesional seguirá paso a paso la evolución de las lesiones y de los daños que el accidente le ocasionó y a la luz del Baremo podrá identificar qué indemnizaciones le corresponden.

Su actuación será fundamental en las negociaciones con la aseguradora e imprescindible en caso de llegar a una instancia judicial. Hay que tener en cuenta que este asesoramiento jurídico siempre favorece los buenos resultados, tanto los económicos como los que se vinculan con procesos y problemas.

¿Qué tipos de indemnización por accidente reconoce la legislación?

La Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor define las indemnizaciones que pueden reclamar las víctimas de accidentes de tráfico. Estas compensaciones varían según la gravedad del siniestro, las lesiones y pérdidas materiales sufridas y las circunstancias específicas del caso.

Los tipos de indemnización se agrupan según dos conceptos generales:

Los daños personales. Los daños de bienes materiale. El Baremo de Tráfico define específicamente cada uno de los daños personales por los que se puede reclamar indemnización. Asimismo, establece qué tipo de daños materiales son compensados.

El Baremo incluye tres tablas con diferentes tipos de indemnizaciones. Las clasifica atendiendo a:

Fallecimiento. En caso de que el accidente de tráfico ocasione la muerte de una persona, los familiares o beneficiarios pueden reclamar una indemnización por fallecimiento en el accidente de tráfico, por los daños y perjuicios que el fallecimiento de esa persona provoca. Por tanto, los cónyuges, hijos, padres y otros familiares tendrán derecho a la indemnización. La cuantía que establece el Baremo atiende a diversos factores: Grado de parentesco del fallecido con las personas que reclaman la indemnización. Se valora el tiempo de convivencia en caso de indemnizaciones al cónyuge, las edades de los hijos, hermanos, ascendientes u otros familiares. También se incluyen los gastos de funeral, entierro y traslado del fallecido. Edad de la víctima. El Baremo muestra que el fallecimiento de una persona joven tiene un impacto económico y emocional mayor que el de una persona de más edad. Situación familiar y económica. También influyen en el importe total de la indemnización las circunstancias de la familia. Si el fallecido era el principal proveedor de recursos, la indemnización será mayor.

Secuelas personales o patrimoniales. Las secuelas son daños permanentes ocasionados por el accidente. Se trata de deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas, estéticas, que persisten una vez que la víctima se ha estabilizado y tiene el alta médica. La indemnización puede compensar los daños personales en sí mismos. También compensa las pérdidas de ingresos y otros gastos relacionados con alguna discapacidad causada por el accidente, que afecten la capacidad de trabajar y generar ingresos.

Lesiones temporales. Las lesiones temporales son daños que, aunque no son permanentes, han causado perjuicio temporal. La indemnización por este motivo tiene como objetivo cubrir los perjuicios económicos que tuvo la víctima durante el período en que estuvo incapacitada. Se toman en cuenta los días en los cuales el afectado fue tratado por su lesión hasta que se produjo la estabilización o curación de la misma. 

Para determinar la cuantía, se evalúa la duración de la incapacidad causada por el accidente, los gastos médicos y costos relacionados con el tratamiento y la rehabilitación.

El Baremo de Tráfico 2023 fija las cuantías por lesiones temporales en los siguientes valores:

Día de perjuicio muy grave: 119,02 euros. Día de perjuicio grave: 89,27 euros. Día de perjuicio moderado: 61,89 euros. Día de perjuicio básico: 35,71.

La gravedad del perjuicio se determina en función de los daños sufridos por la víctima y de las limitaciones que le ocasionaron.

 Perjurio patrimonial, que incluye el lucro cesante y el daño emergente. Las indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente son compensaciones por pérdidas económicas que la persona sufrió debido al accidente. El daño emergente se refiere a los gastos reales o pérdidas financieras que la víctima ha tenido. Incluye gastos médicos, reparaciones de propiedad dañada, costes legales y otros gastos específicos necesarios para reparar los daños que el accidente le causó. El concepto de lucro cesante comprende las pérdidas de ingresos o de ganancias. No se trata de gastos reales, sino de ingresos que no percibió por los daños.

¿Quiénes tienen derecho a reclamar indemnización por accidente de tráfico?

Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios por causa de un accidente de tráfico tiene derecho a reclamar indemnización. Se incluye a los peatones, conductores, otros ocupantes de los vehículos, personas que hayan sufrido perjudicadas debido a las negligencias de un tercero. El derecho a indemnización comprende también a personas lesionadas en accidentes causados por la entidad responsable de una ruta, por ejemplo. En el caso de los responsables, la reclamación puede obstaculizarse, según las características del siniestro y el tipo de seguro. Un conductor responsable de accidente solo tendrá derecho a indemnización si no es el responsable exclusivo del siniestro, es decir, si la responsabilidad es compartida con otros actores. Cada caso debe ser analizado individualmente para reconocer posibles indemnizaciones que correspondan a la víctima. El baremo es la guía a partir de la cual se calcula el concepto y la cuantía de la reclamación. Pero se requiere observar qué lesiones existen, si son temporales o permanentes y que otros daños ha causado el siniestro. Por estas complejidades, a la hora de reclamar la indemnización a la aseguradora, es muy conveniente la asistencia de un abogado especialista en tráfico. Desde el primer momento en que ocurre el siniestro, la actuación del profesional será clave para recopilar las pruebas y para garantizar que el parte amistoso o el atestado policial no afecten injustamente a su cliente.

Uso de una grabación como medio de prueba.

 

Medios de prueba

Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, una persona que grabe una conversación suya con otra persona para posteriormente usarla de prueba en un procedimiento judicial podrá hacerlo siempre y cuando tenga el consentimiento de uno de los interlocutores. Es decir, la grabación de la conversación será una prueba lícita cuando uno de los interlocutores sea conocedor de la grabación y lo consienta.

En este sentido, la Sala de lo Penal del TS, en su sentencia 746/2023 en respuesta a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona relativo a un asesinato con alevosía en concurso con un delito de incendio, se pronunció respecto a una de las pruebas del caso, que era una grabación de uno de los acusados reconociendo su implicación en el caso, alegando que dicha grabación fue realizada con el consentimiento de uno de los interlocutores por el hecho de que la grabación fue hecha por la mujer de uno de los participantes y éste le permitió a su mujer entregársela a la hija de la víctima. Por lo que la prueba fue licita y aceptada por el Tribunal.

Otra cuestión de la que se pronuncia el Tribunal Constitucional en su Sentencia 56/2003 de 24 de marzo, es respecto a los amplificadores de sonido que pueden incorporarse a una llamada para que ésta pueda ser escuchada por un tercero, vulnerando así el Derecho de secreto de las comunicaciones. La sentencia del caso en cuestión, se pronuncia diciendo que en este caso, en el que existía consentimiento de una de las partes, no existe “secreto” ni se vulnera tampoco el artículo 18 de la CE.

No obstante, si la grabación captase actos de la vida privada de un sujeto o la grabación fuese realizada de forma oculta, sí podríamos considerar que no solo la grabación constituiría una prueba ilícita en un procedimiento judicial, sino que también vulneraria Derechos Fundamentales como por el ejemplo el de la intimidad.

En conclusión, de acuerdo con la doctrina tanto de Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, una grabación podrá ser admitida como prueba lícita cuando: uno de los interlocutores preste su consentimiento y no cuando su contenido no trate de aspectos relativos a la vida íntima de la persona a la que se le graba sin saberlo.

La aprobación de la nueva LOSU modifica la Ley General de Sanidad

 

Esta añade un cambio "imprescindible" en los casos de titulación de Medicina para ejercer como docentes universitarios

El Gobierno publica la Ley de Universidades, impulsada por Subirats, que recoge el mérito asistencial para que los sanitarios sean docentes universitarios

El Gobierno ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado la Ley del Sistema Universitario (LOSU). Dentro de sus novedades que afectan al ámbito sanitario, se incluye una modificación de la Ley General de Sanidad, con un nuevo apartado que destaca que el título de especialista en Ciencias de la Salud será "imprescindible" en el caso de las personas con la titulación universitaria en Medicina, algo que no se especificaba antes en el artículo ciento cinco.

Será necesario en el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones Públicas, ya que el régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas plazas asistenciales y de salud pública de la institución sanitaria con cualquiera de las modalidades de profesorado universitario. "Asimismo, las comisiones deberán valorar los méritos e historial académico e investigador y los propios de la labor asistencial de los candidatos y candidatas, en la forma que reglamentariamente se establezca", recoge le ley.

Méritos asistenciales para los médicos profesores

La LOSU incluye también los métodos de acreditación de cuerpos docentes universitarios que ya adelantó Redacción Médica y que incluyen la nueva aprobación previa de Aneca para conseguir el título de Doctor, que valorará los "méritos y competencias" de los aspirantes para garantizar la "calidad en la selección del profesorado funcionario". Los sanitarios deberán cumplir ahora como requisito para obtener dicha acreditación la realización de actividades de docencia o investigación en universidades o centros de investigación distintos de aquella institución en la que se presentó la tesis doctoral, de acuerdo con los criterios "establecidos reglamentariamente".

Además, la LOSU desgrana todo el proceso de acreditación que afecta también a los sanitarios y futuros docentes. En él se especifica una evaluación "tanto cualitativa como cuantitativa" de los méritos docentes y de investigación, y en su caso de transferencia  del conocimiento, "con una amplia gama de indicadores de relevancia científica e impacto social".

Después de esto, se añade una evaluación "basada en la especificidad del área o ámbito de conocimiento", teniendo en cuenta, entre otros criterios, la  experiencia profesional, en especial, cuando se trate, entre otras, de profesiones reguladas del ámbito sanitario, la relevancia local, el pluralismo lingüístico y el acceso abierto a datos y publicaciones científicas.

"El personal de los cuerpos docentes universitarios que ocupe una plaza vinculada a los servicios asistenciales y de salud pública de instituciones sanitarias, en áreas de conocimiento de carácter clínico asistencial y de salud pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo ciento cinco de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirá por lo establecido en este artículo y los demás de esta ley orgánica que le sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a todos los efectos, como un solo puesto de trabajo", concluye la LOSU.

Régimen de conciertos entre universidades e instituciones sanitarias

En cuanto al régimen de conciertos entre las universidades e instituciones sanitarias, la LOSU insiste que corresponde al Gobierno a propuesta de las personas titulares de los Ministerios de Universidades y de Sanidad, previo informe del Consejo de Universidades, establecer las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades del sistema universitario español y las instituciones sanitarias y establecimientos sanitarios, en las que se deba impartir educación universitaria, "a efectos de garantizar la docencia práctica de las titulaciones en Ciencias de la Salud que así lo requieran". En estas bases se incluirá también participación de las Comunidades Autónomas en los conciertos que se suscriban. Fuente Redacción médica.

Coach Carter: "Motivación y unión" Somos un equipo