Ejemplo de cómo hay veces que los peritos deben o pueden abstenerse

El perito judicial del 'caso Mario Conde' trabaja para la familia de uno de los socios del ex banquero.

·         MARISA RECUER   Madrid12 nov. 2018 02:40

El empresario Mario Conde a su salida de prisión, el 17 de junio de 2016. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

Su nombre es José Hernani Lacasa Salas, el inspector de Hacienda que redactó el informe pericial de 11 páginas sobre el que el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz versó sus argumentos para decretar el archivo de la investigación abierta contra el empresario Mario Conde por ocho presuntos delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales, otro de organización criminal y un delito continuado de la frustración de la ejecución, conocido como de insolvencia punible.

Lacasa Salas trabaja desde el pasado mes de marzo para una empresa dedicada a actividades jurídicas, propiedad del hermano de un socio de Conde y donde el perito desempeña funciones de asesor de impuestos en operaciones de mecenazgo. Así consta en su perfil de la red social de empleo Linkedin y corroboró este diario.

Lacasa está trabajando en Iusfinder Madrid, una sociedad domiciliada en la madrileña calle Goya, número 48, cuyo administrador único y accionista mayoritario es Francisco Javier Barrilero Yarnoz. Así consta en el Registro Mercantil. Según confirmó este diario, Francisco Javier es hermano de Fernando Barrilero Yarnoz, socio de un imputado en el caso Conde.

En concreto, del considerado presunto testaferro y hombre de confianza de Mario Conde, Francisco de Asís Cuesta Moreno. Dicho de otra manera, la persona que ha controlado las sociedades patrimoniales del ex banquero durante los últimos 20 años. Este periódico se puso en contacto con Iusfinder, pero Lacasa Salas no devolvió la llamada.

Fernando Barrilero y Cuesta Moreno compartieron cargos en la empresa Actuaciones Empresariales Independientes, creada dos meses antes de la detención del que fuera presidente de Banesto entre 1987 y 1993. En la citada empresa, Barrilero es apoderado y Cuesta fue su administrador hasta febrero de 2017.

La familia Barrilero participa en una de las sociedades investigadas en el marco de la red de empresas con las que Conde blanqueaba, presuntamente, fondos procedentes de Banesto. Se trata de Cooper Verde, una sociedad domiciliada en Bilbao, en la que los Barrilero ostentan la presidencia de una de las empresas accionistas, Patridy Cartera, según los datos del Registro Mercantil.

Patridy Cartera está presidida por la hija de Fernando Barrilero, Bárbara Barrilero García Miñaur, y participa en Cooper Verde con un 48,5% del accionariado. Precisamente, el otro socio es la empresa Lassalcedas -con otro 48,5%-, vinculada a la familia Conde y donde Cuesta Moreno es el administrador único, siendo los apoderados Mario y Alejandra, los hijos del ex banquero, que también fueron investigados en este procedimiento.

Casualmente, la empresa para la que trabaja el perito judicial comparte domicilio postal con una de las sociedades que los investigadores del caso vinculan con la red de empresas de Conde. Se trata de Barnacla, donde Cuesta Moreno también desempeñó cargos de consejero delegado y secretario. Barnacla está ubicada también en la calle Goya, número 48.

José Hernani Lacasa Salas se jubiló como inspector de Hacienda el pasado 16 de marzo, justo un día después de que entregara al magistrado su informe sobre las presuntas cuotas defraudadas por el ex presidente de Banesto, según la documentación que obra en el sumario del caso, al que tuvo acceso este diario. Tras entregar el trabajo pericial, Lacasa Salas comenzó a trabajar en la empresa de Francisco Javier Barrilero, tal y como detalla en la citada red social Linkedin.

El juez Pedraz le nombró perito judicial el 4 de julio de 2016, cuatro meses después de abrir la causa contra Mario Conde. Lacasa aceptó el cargo a los dos meses, el 12 de septiembre del mismo año. El técnico en cuestión ratificó su informe el pasado 25 de septiembre, un mes antes de que el juez decidiera sobreseer el caso y siendo ya trabajador de Iusfinder Madrid.

La reapertura de la investigación se encuentra a expensas de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional responda al recurso de apelación que interpuso la Fiscalía Anticorrupción pidiendo reabrirla porque hay diligencias pendientes. La Fiscalía reprochó al juez Pedraz su "prematura" resolución de sobreseimiento.

Los jueces admiten la pérdida de apoyo social: "Nos quieren cortar el cuello a todos"

·         MARISA RECUERO Madrid 11-11-2018

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, en un acto en el Tribunal Militar Central. Ángel Díaz EFE

«El Poder Judicial está sufriendo una crisis que está demostrando la fragilidad del sistema». Claro, conciso y directo. He aquí las palabras de Raimundo Prado Bernabéu, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa entre las cuatro asociaciones que existen en el colectivo jurisdiccional, con 865 afiliados.

En pleno debate sobre quiénes serán los 12 magistrados y ocho juristas que se sienten en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los próximos cinco años, y quién será el presidente de este órgano de los jueces, los profesionales de la Justicia española manifiestan su preocupación por el «descrédito» que «la torpeza» del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, cometió con la reciente sentencia relativa a los impuestos de las hipotecas.

«Me entristece que la sociedad nos quiera cortar el cuello a todos porque la Sala Tercera del Supremo haya montado este circo. Es injusto». Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la más numerosa, con más de 1.300 afiliados-, no se muerde la lengua al asegurar que los jueces españoles se sienten «injustamente considerados por la sociedad».

«No puede extrapolarse el resultado de un asunto concreto a la credibilidad que merece la carrera judicial en su conjunto», prosigue, sin pasar por alto que los tribunales españoles resolvieron más de seis millones de casos en 2017. «No se puede caer en una descalificación global de la Justicia», advierte este magistrado, que es de los que defiende que «no hay ninguna injerencia espúrea» en el Poder Judicial y que «en España, la Justicia no tiene ningún problema de independencia». «Es una realidad y pongo la mano en el fuego», sentencia, pese a que reconoce, no obstante, que existe «desconfianza por parte de la sociedad por el menoscabo que causa la independencia judicial» debido a la manera en que se designa a los vocales del CGPJ y al presidente.

"En el CGPJ entra el amigo del político, y eso es vergonzoso", señala un magistrado

Para el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados, «la credibilidad del sistema judicial se resiente», pero no por casos como la sentencia de las hipotecas o la independencia, sino por «la lentitud de la respuesta al ciudadano». «La Justicia española es tardía» y «hay descontento por parte de la sociedad hacia nosotros».

Sin embargo, hay magistrados que sí consideran que «existe un descaro político» en la elección de los vocales del órgano de los jueces y que éstos no acceden por pertener a una asociación, sino por amistad. «Ahí entra el que es amigo del político. Y eso es vergonzoso», reconoce Raimundo Prado, a menos de un día de que concluya el plazo para presentar a los candidatos.

Este magistrado, que desempeña su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tiene claro que en España hay dos grupos de jueces. «Los que cumplimos con nuestro trabajo, tenemos nuestra vida, somos gente normal en todos los sentidos, pero nos dedicamos a un trabajo difícil» y «un sector que está compuesto por muy pocos jueces y que la gente confunde con lo que es la Justicia». Es este grupo el que «hace que la sociedad crea que somos de un partido o de otro», señala el portavoz de la AJFV.

En esta misma línea se pronuncia Ignacio González, magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera asociación más numerosa, con entorno a 500 afiliados. «Hay una Justicia para ricos y otra para el resto de los ciudadanos», manifiesta con rotundidad.

Este magistrado también es de los que piensa que la Justicia está desacreditada, pero por casos como el ocurrido en el Alto Tribunal con la sentencia de las hipotecas. «La mala gestión que se ha hecho sobre este asunto hace que planee en la sociedad la sospecha de que los poderes económicos influyen en las decisiones del Supremo y por tanto en la Justicia». Para González, la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial crece «a pasos agigantados» y «el sistema de elección de los vocales del CGPJ no es la panacea a los problemas que presenta la Justicia».

«Hay jueces, con cargos importantes y de diferentes asociaciones y tendencias ideológicas, que opinan lo mismo que yo. Estamos preocupados», reconoce el portavoz de JJpD, que no pasa por alto que los profesionales judiciales se enfrentan a un escenario en el que «junto al descrédito de la clase política está el de los jueces». «Tenemos la función de controlar los abusos del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos», defiende.

"Hay interés oculto para desprestigiar el sistema", advierte un catedrático

«Llevo 31 años de carrera y he venido notando un maltrato institucional continuo». He aquí la opinión de Concepción Rodríguez González del Real, juez de menores de Madrid y presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación más joven, con 16 años de vida. «En España ya no hay separación de poderes», advierte con resignación, pero reivindicando con urgencia deslindar el Poder Judicial del Ejecutivo y el Legislativo.

«El órgano de gobierno de los jueces es elegido por el Poder Legislativo. Siempre ha sido así, pero no se da una respuesta adecuada porque todas las respuestas son una vuelta de tuerca a la independencia judicial», reprocha esta magistrada, que es consciente de que «hay un reparto entre los dos grandes partidos y ninguno lo quiere soltar». «Esto es un asalto al Poder Judicial, a controlarlo. Y todo porque en España no hay una mentalidad democrática en la que los mecanismos de control deben funcionar y ser independientes», defiende.

La presidenta y portavoz del FJI califica de «anómala» la gestión que el Supremo hizo del caso de las hipotecas y es contundente al reconocer que le parece «absolutamente vergonzoso lo que ha pasado en el Tribunal Supremo». «Esto te demuestra que el sistema no funciona y hay que modificarlo». Sin embargo, es consciente de que cuando el PP o el PSOE «se ven en el poder y ven que pueden controlar el Poder Judicial, no quieren modificar la ley porque les da mucho poder».

«Cuanto peor esté el Poder Judicial, mejor para ellos; cuanto más intervenido esté, mejor para ellos», denuncia la magistrada Rodríguez, alertando de que el sistema tiene «un problema estructural» y «el PP y el PSOE están atrincherados en que no quieren modificar el sistema de elección» de los vocales del CGPJ

«Se han dado una serie de factores que están demostrando que el sistema judicial no funciona. Tiene unos fallos internos que se han querido ocultar», en palabras del portavoz de la AJFV.

Dicho esto, los catedráticos universitarios también coinciden con los profesionales judiciales. Es el caso de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. «Tendemos a magnificar las cosas», advierte en relación a las consecuencias negativas que ha supuesto la sentencia de las hipotecas para el Poder Judicial. «La Justicia es mucho más que un problema concreto», precisa, dejando claro que «a quien hay que pedir responsabilidad no es a los jueces, sino al legislador», ya que «los tribunales se limitan a resolver un conflicto interpretando la norma». «Hay intereses ocultos para desprestigiar al Poder Judicial y, en particular, al Supremo», concluye este profesor.

La guinda la pone Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Complutense. «No se puede cuestionar la credibilidad del Poder Judicial por una falta de habilidad por parte del presidente de la Sala Tercera. El Poder Judicial son millones de sentencias todos los años, bien hechas y bien motivadas». «El nivel de la magistratura española es muy bueno», reivindica, para aplaudir que «son muchos jueces y muy competentes».

El que se pierde es el que encuentra las nuevas sendas.

Nils Kjaer

El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien.

Milan Kundera

Aparentar tiene más letras que ser.

Karl Kraus

EL PROBLEMA Y LAS SOLUCIONES, MAS ALLÁ DEL PENSAMIENTO CORTO.

El Prof. Alejandro Pulpeiro citó a Arquímedes, y yo desearía citar a Amos Comenius quien, en el siglo XVII en sus clases iniciales de lenguaje, les daba a los estudiantes un dibujo mostrando una situación, y les decía: “Mañana traigan lo que ven por escrito en alemán, checo y latín.” Pero, —decían los estudiantes— “no sabemos ninguna gramática”. La repuesta de Comenius era: “Ese es problema de ustedes, tienen que ir a buscarla y aplicarla.” Es decir, el ABP no es nada nuevo; lo que fue nuevo en 1969 era utilizar una situación o un problema como punto de partida para aprender medicina (Luis Branda, 2006)

La burla y el ridículo son, entre todas las injurias, las que menos se perdonan

Platón